El Poder Electoral de Nicaragua extendió el plazo para que los partidos políticos soliciten su personalidad jurídica para participar en las elecciones generales previstas en noviembre de 2021, informó este martes el diario oficial La Gaceta.
En una resolución, los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) decidieron ampliar el plazo para la obtención de personalidad jurídica en un máximo de cinco meses antes del día en que se celebren las próximas elecciones de autoridades nacionales el 7 de noviembre del 2021.
La Ley Electoral señala que para que los partidos políticos participen en un proceso electoral, deben haber obtenido la personalidad jurídica doce meses antes de los comicios electorales.
En su resolución, el CSE explicó que amplían el plazo debido a que la pandemia del virus del PCCh, comúnmente conocido como nuevo coronavirus, «ha venido a limitar algunas actividades organizacionales y sociales, incluyendo las que conllevan a la certificación de la personalidad jurídica, requisito establecido en la Ley para participar en los próximos comicios electorales».
Movimientos rechazan medida
Dos organizaciones y un movimiento político, sin personalidad jurídica, rechazaron, por separado, esas medidas del CSE, las cuales catalogan como una «trampa» para mostrar apertura, sin tocar el tema fondo del sistema electoral, que es el control absoluto que ejerce el oficialismo sobre ese poder del Estado.
«La extensión de un período de solicitud de nuevas personerías jurídicas no constituye ni resuelve las reformas de fondo al sistema electoral de Nicaragua», señaló la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en una declaración.
Esa Alianza, que fue la contraparte del régimen de Ortega en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país desde hace más de dos años, reafirmó su «compromiso con cambios profundos al CSE y al sistema electoral».
«La táctica sería nuevamente: divide y vencerás», dijo Eliseo Núñez, asesor de la Alianza, para quien el régimen está lanzando un «señuelo» a las diferentes organizaciones y movimientos que forman la Coalición Nacional con el fin de desintegrarlos.
Piden reformas profundas
«Rechazamos el lavado de cara de la dictadura. Sin reformas electorales y con los mismos magistrados corruptos en el CSE, sigue siendo la dictadura quién controla a quien sí y a quien no», dijo, por su lado, Támara Dávila, del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
El Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una escisión del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y al que el CSE le canceló su personalidad jurídica en el 2008, también rechazó esa resolución, que calificó como una «nueva burla de la dictadura».
La presidente del MRS, Suyen Barahona, dijo que esa resolución es «una burla a la demanda de los nicaragüenses de condiciones para elecciones limpias, transparentes, competitivas y adelantadas».
A juicio de los disidentes sandinistas, solo habrá condiciones para unas elecciones libres, con el pleno restablecimiento de las libertades y derechos ciudadanos, con una verdadera y profunda reforma electoral, el cambio total de los integrantes del CSE y la depuración del sistema electoral.
El 25 de junio pasado, cuatro partidos políticos y tres movimientos civiles opositores de Nicaragua firmaron los estatutos que regirán la Coalición Nacional, llamada a ser la gran fuerza política que enfrente al sandinista Daniel Ortega en las próximas elecciones previstas para noviembre de 2021.
La coalición está integrada por la Alianza Cívica, la Unidad Nacional, el Movimiento Campesino, así como los partidos Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Partido de Restauración Democrática (PRD), y el partido indígena Yatama («Hijos de la madre tierra» en lengua miskita).
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