CURITIBA —La mañana del 8 de febrero, agentes de la Policía Federal realizaron una redada en el domicilio del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.
El Departamento de Policía Federal es el equivalente del FBI en Brasil.
La operación contra el político conservador brasileño —a menudo apodado el «Trump de los trópicos» — fue parte de una investigación sobre una presunta organización criminal que supuestamente intentó abolir el Estado de derecho y dar un «golpe de Estado» para «obtener ganancias de naturaleza política manteniendo al entonces presidente en el cargo».
El presidente estaba en casa con un ayudante cuando se produjo la redada. Las autoridades entraron en la residencia del expresidente en Angra dos Reis y dieron a Bolsonaro 24 horas para entregar su pasaporte. Su abogado confirmó más tarde que el documento fue entregado a las autoridades.
La operación abarcó nueve estados brasileños y el distrito administrativo del país, que incluye la capital, Brasilia, y afectó a algunos de los aliados más cercanos y exfuncionarios de Bolsonaro.
48 personas eran el objetivo, según la Policía Federal brasileña. A todas se les prohibió entrar en contacto con otros sujetos de la investigación o salir del país y se les pidió que entregaran sus pasaportes, brasileños o de otros países, en un plazo de 24 horas; se realizaron redadas contra 33 y se detuvo a cuatro personas.
El compañero de fórmula de Bolsonaro en su intento de reelección en 2022 y su exjefe de seguridad institucional también fueron objeto de redadas por la policía. Detuvieron a dos de los principales ayudantes del expresidente y al jefe de su partido político
La investigación se centra en los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasil como supuesto punto de ruptura del supuesto «golpe» fallido.
Los disturbios del 8 de enero de 2023 —que recuerdan a los del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos— se produjeron tras el asalto a edificios gubernamentales clave en Brasil a raíz de las protestas que ponían en duda la legitimidad del proceso electoral y se oponían al socialista Lula da Silva. Lula derrotó a Bolsonaro por un estrecho margen en las elecciones de 2022.
Unas 2000 personas han sido detenidas en relación con los sucesos. Los abogados de algunos de los acusados por los disturbios del 8 de enero dijeron a The Epoch Times que los procesamientos se están llevando a cabo de forma ilegal, y que hay violaciones de los derechos humanos y falta del debido proceso legal.
Acusaciones de persecución
La operación de la Policía Federal ocurrió después de otras redadas policiales contra aliados de Bolsonaro y de largas investigaciones clasificadas que censuraron a los medios de comunicación y a la oposición.
En enero, dos diputados pro-Bolsonaro fueron objeto de redadas en sus domicilios y oficinas. Ambos eran aspirantes a la alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2024 en Brasil.
Las constantes operaciones de la Policía Federal autorizadas por la Corte Suprema de Brasil para reprimir a la oposición de derecha en el país desataron acusaciones de persecución.
Bolsonaro dijo a un medio de comunicación local que se sentía «objeto de persecución».
Paulo Figueiredo, uno de los principales periodistas brasileños objeto de las redadas policiales del 8 de febrero, declaró a The Epoch Times: «La Corte Suprema no quiere que la gente sepa lo que pasó en la cúpula del ejército en 2022. Si esta investigación ha servido para algo, ha sido para demostrar que todo lo que reporté entonces ocurrió realmente. Un periodista se basa en buenas fuentes, y yo tengo buenas fuentes. No puedes convertir eso en un delito».
Figueiredo había sido acusado de difundir desinformación por reportar sobre discusiones en el ejército brasileño acerca de las dudas sobre cómo garantizar la transparencia en la votación de 2022, y por comentar acusaciones de que el sistema de justicia electoral era parcial en su gestión de las elecciones. El periodista, que residen en Estados Unidos, no ha sido objeto de redadas como parte de la operación, pero su contacto con otros sujetos investigados fue bloqueado.
En cuanto a la presunta planificación de un golpe, Figueiredo escribió en sus redes sociales, actualmente censuradas por orden judicial dentro de Brasil, que «[la decisión de la Corte Suprema] no presenta ninguna prueba material, a excepción de los intercambios de mensajes discutiendo posibles acciones legales».
«El país está en una situación de anormalidad. Interminables investigaciones intentan encontrar [algo donde no hay nada], atacando, con la justificación de un presunto golpe de Estado, el honor y la integridad de jefes militares que dedicaron su vida a Brasil», dijo el ex vicepresidente de Bolsonaro, el general Hamilton Mourão.
«Esto es persecución política, y no hay democracia sin oposición», dijo Bia Kicis, diputada conservadora y líder de la oposición.
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