Unas 300 personas fueron detenidas este viernes en Lima en una gran operación realizada por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público contra una presunta organización criminal dedicada al delito de extorsión en toda Suramérica, informaron fuentes oficiales.
«Se trata de una cantidad bastante grande de personas que serán investigadas. Hasta el momento se ha detenido a un promedio de 300 personas», declaró a periodistas el comandante general de la PNP, Jorge Angulo.
El jefe policial dijo que la operación permitió intervenir en «un centro de manejo de informaciones sin precedentes» y que se trata de «una organización criminal que tiene impacto a nivel sudamericano».
«Estamos hablando de una organización criminal que capta personas aquí para trabajar en este ‘call center’, en un centro de comunicaciones, donde se puede extorsionar a través de llamadas y mensajes a ciudadanos peruanos y extranjeros, especialmente de los países vecinos», indicó.
Añadió que la actividad ilícita «podría implicar a unas 7000 personas extorsionadas bajo diferentes modalidades, a través de las redes (sociales), el celular u otros mecanismos de comunicación».
La Fiscalía detalló, por su parte, que el operativo se realizó en tres inmuebles ubicados en los distritos de Lince, San Isidro y Cercado de Lima, y permitió detener a 13 presuntos cabecillas de la banda criminal, incluido su máximo líder.
Además, se logró incautar chips de teléfonos celulares, equipos móviles, discos duros de computadoras, computadoras portátiles y otros equipos electrónicos.
El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa sostiene que esta organización extorsionaba a ciudadanos mediante llamadas telefónicas y mensajes amenazantes, luego de haberles prestado dinero mediante una aplicación móvil, agregó.
Medios locales mostraron el gran despliegue policial que se realizó desde el mediodía de este viernes para ingresar en varios edificios de la capital peruana, donde se intervino a decenas de personas que fueron conducidas en autobuses hacia las dependencias policiales, donde permanecen.
En la operación participaron agentes de la División de Investigación de Secuestros y la División de Investigación de Alta Tecnología, así como miembros de las fuerzas especiales de la PNP.
Hasta el lugar donde funcionaban los centros de comunicaciones llegaron decenas de padres de jóvenes detenidos y señalaron que sus hijos no participaban en actividades ilícitas y solo hacían llamadas para cobrar los préstamos.
«Mi hija de 29 años fue intervenida. Ella simplemente realizaba cobranza. Ellos son empleados. A los que tienen que capturar es a los dueños de esos ‘call center'», declaró una de las madres al diario La República.
Otro padre dijo que la empresa aparentaba ser legal e incluso hacía un proceso de selección que incluía la presentación de antecedentes penales de los trabajadores, que consideró que son inocentes y solo hacían llamadas de cobranza como las que realizan otras empresas del sistema financiero.
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