La Policía de Perú no ha localizado hasta el momento a Nicanor Boluarte, uno de los hermanos de la presidenta Dina Boluarte y sobre el que pesa una orden de prisión preventiva de 36 meses, informó este miércoles el primer ministro Gustavo Adrianzén.
El jefe de gabinete sostuvo que, una vez que se emitió la orden judicial, la Policía acudió a buscar a Nicanor Boluarte, además de a otras tres personas que también recibieron la prisión preventiva, «y ninguno de ellos ha sido encontrado en su domicilio».
«Tengo que afirmar que no conocemos el paradero del señor Boluarte», enfatizó en una rueda de prensa ofrecida tras la sesión semanal del Consejo de Ministros.
Este martes, el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó 36 meses de prisión preventiva para el hermano de la presidenta, quien es investigado por presuntamente liderar una red criminal que buscaba «perpetuarse en el poder y continuar con el control del aparato estatal».
El magistrado tomó esta decisión en el caso denominado ‘Los Waykis (amigos) en la sombra’, abierto por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.
Al argumentar su decisión, el magistrado consideró que Boluarte, quien no estuvo presente en la sala de audiencias, tendría facilidad para salir del país, debido a su condición de hermano de la presidenta, además de descartar que tenga arraigo laboral y domiciliario, tal como argumentó la defensa.
Al respecto, Adrianzén dijo que este caso le causa «una inquietud significativa», porque Boluarte «no es parte del Ejecutivo» y no se debería vincular con el Gobierno, ya que se encuentra en el ámbito del Poder Judicial.
Cuestionó, sin embargo, «el bajísimo estándar de libertad» que, según dijo, se tiene en Perú y remarcó que «la privación de la libertad debe ser la última razón, debe ser el extremo último», más aún cuando se están aún en una instancia de investigación.
El primer ministro dijo, en ese sentido, que tiene «que denunciar una vez más la judicialización de la política» porque, en su opinión, hay «una soterrada intención de vincular a la presidenta Dina Boluarte en este caso».
«La presidenta Dina Boluarte no ha tenido absolutamente nada que ver en este caso», acotó antes de decir que la gobernante «está firme en el puesto, su liderazgo en indubitable».
En esta investigación también se ha comprendido a Mateo Castañeda, exabogado de la mandataria, y a otras personas por presuntamente haber intervenido en la designación de prefectos y subprefectos en el país, los representantes de confianza del Ejecutivo en las distintas regiones peruanas.
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