OTTAWA, Canadá —Grandes grupos de policías, algunos a caballo y otros portando rifles de asalto y lo que parecen ser disparadores de balas de goma, han comenzado a acercarse a los manifestantes en Ottawa, reforzados por vehículos blindados.
El organizador de la protesta, Benjamin Dichter, usó Twitter para instar a los manifestantes a marcharse y suplicó al Servicio de Policía de Ottawa (OPS) que dejara a los camioneros «marcharse en paz».
«A uno de los conductores del Convoy de la Libertad de Canadá la Policía de Ottawa le ha roto las ventanas de su camión, le han quitado las armas y lo han sacado del vehículo por la fuerza. Es hora de irse. La Policía de Ottawa, por favor, permita que los camiones restantes se vayan en paz».
Dichter confirmó a The Epoch Times que la decisión de marcharse fue tomada por el liderazgo del convoy.
«Tuvimos una reunión con todos los capitanes de carretera y llegaron a la conclusión de que es la opción más segura», dijo.
Mientras tanto, se pudo ver a los manifestantes haciendo barricadas de nieve en las calles Wellington y Metcalfe para frenar el avance de la policía hacia el núcleo de la protesta frente a Parliament Hill.
Un veterano canadiense, cuyo video se hizo viral la semana pasada cuando dijo a los reporteros de la CBC que abandonaran el Monumento a la Guerra mientras limpiaba la nieve de los alrededores, estuvo de nuevo en el monumento el viernes y dijo a la podcaster Viva Frei que desafiaba a la policía a que viniera a arrestarlo. Otro dijo algo similar, añadiendo: «La libertad no es gratis».
Police presence in front of Westin Hotel. #ottawa #emergenciesact #police #freedomconvoy22 #freedomconvoycanada credit Limin Zhou/ET pic.twitter.com/KdfIb23vPb
— Noé Chartier (@NChartierET) February 18, 2022
Dos organizadores del Convoy de la Libertad, Chris Barber y Tamara Lich, fueron arrestados el 17 de febrero.
A Barber se le acusa de «asesoramiento para cometer un delito de daños», «asesoramiento para cometer un delito de desobediencia a una orden judicial (artículo 127)» y «asesoramiento para cometer un delito de obstrucción a la policía». A Lich se le acusa de «asesoramiento para cometer el delito de daños».
Está previsto que ambos comparezcan ante el tribunal el 18 de febrero.
La sesión de la Cámara de los Comunes del 18 de febrero ha sido cancelada mientras la policía amplía sus operaciones contra los manifestantes en Ottawa, dijo el presidente de la Cámara.
«Dadas estas circunstancias excepcionales, y tras una discusión con todos los líderes reconocidos del partido, la sesión de hoy se cancela», dijo un posteo en la cuenta oficial de Twitter de Anthony Rota.
El 14 de febrero, el gobierno federal invocó la Ley de Emergencias para hacer frente a las protestas en curso. La Cámara de los Comunes está debatiendo actualmente las medidas previstas en la ley. Aunque los conservadores se oponen a la medida, hasta ahora el NDP se ha pronunciado a favor del uso de la Ley, lo que da a los liberales el apoyo suficiente para su aprobación una vez que se someta a votación.
«Para hacer frente a las amenazas actuales, nuestro gobierno está invocando la Ley de Emergencias. El ámbito de aplicación de la Ley es temporal y específico, razonable y proporcionado, y da a las fuerzas policiales más herramientas para restaurar el orden público y proteger a la gente», dijo Trudeau en Twitter sobre la decisión de su gobierno de invocar la Ley.
La policía de Ottawa ha colocado vallas y barreras en el centro de la ciudad para establecer una zona asegurada, prohibiendo los desplazamientos y la reunión de personas dentro de la zona. La zona asegurada va desde la Avenida Bronson hasta el Canal, y desde Queensway hasta la Colina del Parlamento.
Solo los residentes locales o las personas que trabajan en la zona podrán entrar en la zona protegida.
«Queremos que sepan que entrar en la zona asegurada con el fin de desobedecer la Ley de Emergencias, puede dar lugar a que sean detenidos y/o acusados», dijo la policía de Ottawa en un comunicado.
El jefe interino de la policía de Ottawa, Steve Bell, dijo el 17 de febrero que la zona asegurada incluye cerca de 100 puntos de control, para garantizar que quienes quieran entrar en la zona por un «motivo ilegal, como unirse a una protesta, no puedan entrar en el centro de la ciudad».
El Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales (JCCF), que ha proporcionado representación legal a los organizadores del Convoy de la Libertad, dijo en un comunicado que ha emitido una «carta de demanda de cese y desistimiento» a Bell.
«La Carta garantiza que los canadienses son libres de reunirse pacíficamente, de expresar sus ideas, de reunirse para debatirlas y de comunicarlas ampliamente a otras personas, incluida la disidencia política rotunda. Estas actividades son formas básicas de libertad individual. Son esenciales para el funcionamiento básico de una sociedad democrática como Canadá. En Canadá, la gente es libre de discutir asuntos de política pública, de protestar y de criticar a los gobiernos», dijo la JCCF en un comunicado.
«Los intentos indebidos del jefe de policía interino de amedrentar a los canadienses para que no ejerzan sus derechos de la Carta son preocupantes», añadió Keith Wilson, abogado de la JCCF y principal asesor externo del Freedom Convoy 2022.
Los grupos de libertades civiles y derechos constitucionales han emitido impugnaciones legales contra el uso de la Ley de Emergencias por parte del gobierno ante las protestas.
«La declaración de emergencia del gobierno no tiene precedentes y vulnera gravemente los derechos de la Carta de los canadienses», dijo la directora ejecutiva de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, Noa Mendelsohn Aviv, en una conferencia de prensa el 17 de febrero, tras anunciar que su organización tiene la intención de llevar al gobierno a los tribunales por el uso de la ley.
La Fundación de la Constitución Canadiense (CCF) también dijo que iba a emprender acciones legales contra el gobierno por su uso de la ley el 17 de febrero.
«El primer ministro Trudeau ha sentado un peligroso precedente al invocar la nunca antes utilizada Ley de Emergencias federal para hacer frente a la situación actual. El alto umbral para declarar una emergencia de orden público en la Ley de Emergencias no se ha cumplido», dijo la directora de litigios del CCF, Christine Van Geyn, en una declaración el 17 de febrero.
Con los nuevos poderes otorgados por la Ley de Emergencias, la viceprimera ministra Chrystia Freeland dijo el 17 de febrero que las fuerzas policiales están compartiendo información con las instituciones financieras de Canadá para cortar la financiación de las protestas en curso.
“Los nombres tanto de individuos como de entidades, así como las carteras de criptomonedas han sido compartidos por la RCMP con las instituciones financieras, y las cuentas han sido congeladas, y más cuentas serán congeladas. Las plataformas de crowdfunding y los proveedores de servicios de pago han iniciado el proceso de registro en FINTRAC”, dijo Freeland en una rueda de prensa.
Las protestas en curso contra los mandatos y restricciones por el COVID-19 se inspiraron en un movimiento iniciado por camioneros que se oponen a la exigencia del gobierno federal de que los conductores de camiones que cruzan la frontera entre Estados Unidos y Canadá tengan que vacunarse contra el COVID-19. Cuando grandes convoyes de camiones y otros vehículos se dirigieron a Ottawa para protestar contra el mandato de vacunación, más personas se unieron al movimiento, oponiéndose a varios mandatos y restricciones relacionadas con el COVID-19.
Muchos manifestantes han dicho que su intención es permanecer en Ottawa hasta que se levanten los mandatos.
«Seguiremos siendo pacíficos, pero nos plantaremos en la Colina del Parlamento hasta que se ponga fin a los mandatos de forma decisiva», dijo la organizadora de la protesta, Tamara Lich, en una conferencia de prensa el 14 de febrero.
Con información de Isaac Teo y Andrew Chen.
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