El Senado de Luisiana aprobó un proyecto de ley que permitiría a la policía estatal detener a presuntos inmigrantes ilegales dentro del estado.
La medida, inspirada en una ley similar de Texas, fue aprobada el 8 de abril por 28 votos a favor y 11 en contra por la cámara, dirigida por los republicanos. Ahora se dirige a la Cámara estatal, también controlada por los republicanos, para su aprobación.
«Luisiana está un paso más cerca de asegurar nuestra frontera y abordar nuestra crisis de inmigración ilegal», declaró tras la votación la senadora estatal republicana Valarie Hodges, promotora del proyecto de ley, en un posteo de celebración en la plataforma de redes sociales X.
Pero los demócratas no estaban de humor para celebraciones.
«No creo que este proyecto de ley resuelva nada», dijo el senador estatal demócrata Royce Duplessis.
Criticando la redacción del proyecto de ley, Duplessis dijo que le parecía que la medida «fomentaba esta retórica, esta narrativa que habla de otros seres humanos que abandonan algunas de las peores condiciones en algunas de las peores situaciones en las que todos nosotros tuvimos la gran suerte de no haber nacido». Añadió que no creía que la ley aumentara la seguridad de los habitantes de Luisiana.
Al igual que la ley de Texas, el proyecto de ley 388 del Senado de Luisiana tipifica como delito la entrada o reentrada ilegal en el estado de Luisiana de un inmigrante ilegal. Un primer delito se castigaría con hasta un año de prisión y una multa de 4000 dólares. Un delito posterior podría acarrear hasta 10,000 dólares de multa y una pena de prisión de dos años.
Otra disposición del proyecto de ley autoriza al gobernador a negociar un pacto interestatal con Texas y otros estados interesados para ayudar a asegurar la frontera sur. El acuerdo no aumentaría la autoridad de los estados en relación con el gobierno federal, pero permitiría compartir inteligencia policial y recursos relevantes para la seguridad fronteriza.
Sin embargo, al igual que la asediada ley de Texas, es probable que la medida se enfrente a un desafío legal si se promulga.
Batalla judicial en Texas
La Ley 4 del Senado de Texas se ha visto inmersa en las cortes, ya que el gobierno de Biden solicita su anulación, alegando que sobrepasa la autoridad legal del estado.
Aunque la Corte Suprema permitió brevemente que la ley entrara en vigor el mes pasado, su aplicación duró poco. A las pocas horas, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó la orden judicial preliminar de una corte inferior, volviendo a poner la ley en suspenso.
«No vemos ninguna base en los precedentes de esta corte o de la Corte Suprema para concluir que Estados Unidos carece de una vía cognoscible para intentar prohibir una ley estatal supuestamente prohibida», escribió la mayoría en su opinión.
«Tenemos en cuenta que Estados Unidos ha afirmado que las leyes en cuestión pueden perturbar o interferir con su autoridad constitucional básica, incluida la autoridad respecto a la política exterior y las relaciones con otros países, así como su autoridad sobre la inmigración».
Refiriéndose al caso judicial en una entrevista reciente con Jan Jekielek, de The Epoch Times, el gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, dijo que su administración está ayudando a Texas en la lucha legal en curso.
«Nuestro fiscal general se une a ellos en todas las demandas que tienen», dijo el Sr. Landry. «Intentamos llevar la lucha a los tribunales para que éstos vean el daño que el gobierno federal hace a los estados cuando no cumplen la ley».
Señaló que hay preguntas sin respuesta sobre cómo se aplicaría la ley de Texas si fuera confirmada por los tribunales.
«¿Entregan [a los inmigrantes ilegales] a los federales? ¿Y qué pasará cuando los entreguen a la Administración Biden? Quizá los suelten y quizá los envíen a Nueva York. No lo sé».
Aún está por decidir la constitucionalidad de la ley. Pero el gobernador afirmó que el hecho de que la Corte Suprema permitiera su aplicación —aunque solo fuera temporal— era un buen indicador de cómo respondería el alto tribunal a esa pregunta.
«Normalmente, la corte no permitiría que un Estado detuviera a un individuo sin haber reflexionado realmente sobre algunas cuestiones constitucionales», razonó.
Al igual que el gobernador de Texas, Greg Abbott, el Sr. Landry culpa al gobierno de Biden no solo de la crisis en la frontera sur, sino también del aumento de la delincuencia, que, según él, es consecuencia de las políticas fronterizas del presidente.
«Lo triste es que podemos controlar esto. Podemos sellar la frontera. Podemos hacer cumplir nuestras leyes. Sin embargo, el presidente se niega a hacerlo, y su secretario de Seguridad Nacional también».
La oficina del Sr. Landry no respondió a una solicitud de comentarios sobre el proyecto de ley de Luisiana antes de la hora de publicación.
Con información de Jan Jekielek
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