Tras una reciente sentencia del Tribunal Superior del condado de Sacramento, ya no se pedirá a los policías de California que revelen su identidad de género a una junta antidiscriminación en las identificaciones de tráfico.
La normativa que comenzó a aplicarse en enero bajo el mandato del fiscal general de California, Rob Bonta, exigía a los agentes de policía que incluyeran si eran cisgénero, transgénero o no binarios en los informes que presentaban sobre las identificaciones de tráfico, y los datos se utilizaban para analizar si el género de un agente afectaba a las personas a las que detenía.
Los informes se envían a la Junta Asesora sobre Perfiles Raciales y de Identidad del estado, que se creó en 2015 para reducir la presunta elaboración de perfiles raciales por parte de la policía. Desde que se formó, los agentes han tenido que presentar informes con información sobre las personas a las que paran, incluido su género, pero no el suyo propio.
Pero después de que la nueva normativa entrara en vigor este año, las asociaciones policiales se opusieron.
«Mientras que [el consejo asesor sobre perfiles] se promulgó para abordar los problemas de parcialidad y discriminación a través de perfiles raciales y de identidad… la normativa de autoidentificación obligatoria obliga paradójicamente a los agentes más vulnerables a revelar su identidad de género a sus empleadores públicos», se lee en una carta de diciembre dirigida a la oficina del Sr. Bonta por los grupos encargados de hacer cumplir la ley. En la carta, pedían que dicha autoidentificación fuera voluntaria.
A pesar de las amenazas de recurso legal, Bonta nunca respondió a la petición.
Finalmente, la Asociación de Investigación de Agentes de Paz de California, Asociación de Patrulleros de Carreteras de California, Asociación de Jefes de Policía de California y Asociación de Alguaciles del Estado de California presentaron a principios de este año una demanda contra el Estado, el Departamento de Justicia de California y el Sr. Bonta exigiendo la anulación del nuevo requisito.
El reglamento duró solo tres semanas hasta que fue bloqueado por el juez del Tribunal Superior del Condado de Sacramento Christopher Krueger el 23 de enero, cuando emitió una orden de restricción temporal contra él, a petición de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
En recientes presentaciones ante el tribunal, los abogados de las asociaciones argumentaron que, en virtud de la legislación federal, los empleadores pueden pedir a los empleados que se identifiquen, pero pueden negarse a ello. Los empleadores pueden utilizar los registros de empleo o información relacionada para determinar su género en su lugar, escribieron los abogados.
También dijeron que la identidad de género de un oficial «tiene poco o ningún valor probatorio al evaluar el desempeño de un oficial», para cuando detienen a la gente, según un escrito de los abogados presentado ante el tribunal superior en marzo.
El 30 de abril, el juez Krueger dictó una orden judicial permanente que prohíbe de forma definitiva el requisito.
La sentencia no priva al Estado de su derecho a aplicar nuevas normas no relacionadas con la elaboración de perfiles raciales, según la reciente sentencia.
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