Un grupo de 118 policías, bomberos y otros empleados de la ciudad se han unido para formar la coalición Libertad de elección de la ciudad de Raleigh (CRFC) para desafiar las órdenes de vacunas de la ciudad para los empleados.
La CRFC está representada por James Lawrence de Envisage Law.
En una carta del 11 de octubre dirigida a la alcaldesa de Raleigh, Mary-Ann Baldwin, y a otros funcionarios de la ciudad, Lawrence dio un plazo hasta el 23 de octubre para que la ciudad respondiera a una solicitud de eliminación o revisión de la orden, o se enfrentara a un litigio.
La orden en sí misma «adolece de una serie de problemas de procedimiento, estatutarios y constitucionales», dijo Lawrence, citando la discriminación entre los vacunados y los no vacunados como su problema predominante.
Lawrence se refirió a una ordenanza municipal que el Ayuntamiento de Raleigh promulgó en enero y que establecía que la ciudad «no tolerará la discriminación ilegal y anima a sus socios corporativos de la comunidad a oponerse a la discriminación en todas sus formas».
Política de la ciudad
El 17 de septiembre, la ciudad comenzó a exigir a sus empleados que se vacunaran contra el virus del PCCh (Partido Comunista Chino) o que se sometieran a pruebas semanales hasta que la tasa de positividad del condado de Wake fuera inferior al 5% y no hubiera «una transmisión comunitaria significativa o elevada».
La ciudad ofreció 250 dólares y dos días de permiso extra a los empleados que se vacunaran antes de la fecha límite de la ciudad.
Los empleados no vacunados que se sometan a las pruebas semanales no podrán obtener un ascenso a menos que se vacunen antes del 31 de diciembre.
El 78% de los 4000 empleados de la ciudad están vacunados.
Dado que no existe una política escrita sobre la orden, Lawrence dijo que tuvo que construir los detalles a partir de la revisión de una lista de preguntas frecuentes (FAQ), en la que encontró tres áreas de discriminación: las pruebas, el pago y la licencia, y el desarrollo profesional.
Aunque la ciudad reconoce que los empleados vacunados pueden contraer y propagar el COVID-19, dijo Lawrence, los empleados no vacunados siguen estando obligados a someterse a las pruebas, mientras que los empleados vacunados están exentos.
«Al mismo tiempo, la ciudad parece descartar la inmunidad natural al COVID-19», ha dicho.
Los empleados que se han recuperado del COVID-19 deben someterse a pruebas semanales, mientras que los empleados vacunados, aunque carezcan de anticuerpos, no están obligados a someterse a ellas, dijo.
La bonificación de 250 dólares con dos días de permiso pagados para los vacunados, pero no para los vacunados, y la denegación de ascensos a los empleados no vacunados también es discriminatoria, dijo Lawrence.
Incongruencias
Entre las incoherencias, Lawrence cuestionó la política de «disciplina progresiva» de la ciudad, que obliga a un empleado no vacunado a seguir acudiendo al trabajo durante cinco semanas aunque se niegue a someterse a las pruebas semanales.
En su FAQ, la intención es «proporcionar una oportunidad para corregir comportamientos o rendimiento».
«La justificación de la ciudad para esta política es digna de mención», dijo Lawrence. «La ciudad no reúne una pizca de ciencia o datos en apoyo de la misma. Lo que la ciudad ofrece en su lugar es su expectativa escueta e irrazonable de que los empleados se vacunarán o se someterán a las pruebas. Pero eso es especulativo».
Hay que preguntarse, dijo Lawrence, qué ocurre durante las tres semanas antes de ser enviados a casa.
«¿Es menos probable que el SARS-CoV-2 se propague en el lugar de trabajo porque el virus sabe que el empleado incumplidor está en proceso de disciplina progresiva?», preguntó Lawrence. «¿Es menos probable que los empleados incumplidores propaguen el COVID-19 al público? ¿No estarían estos empleados desobedientes más seguros en casa? La CRFC no tiene más que especular».
Ley de información genética de Carolina del Norte
Otro defecto de la política, según Lawrence, es su violación de la Ley de no discriminación por información genética de Carolina del Norte, que establece que un empleador no puede «negar o rechazar el empleo a ninguna persona ni despedirla por haber solicitado pruebas genéticas o servicios de asesoramiento, o por la información genética obtenida en relación con la persona o un miembro de su familia».
El estatuto define la información genética como «la información sobre los genes, los productos genéticos o las características heredadas que puedan derivarse de un individuo o de un miembro de su familia», dijo Lawrence.
«Las proteínas, entre las que se incluyen las producidas por la vacuna contra el COVID-19, son ‘productos genéticos'», dijo Lawrence. «No hay escasez de autoridad científica sobre este punto fundamental de la biología».
Debido a que la orden de la ciudad se basa en si los empleados tienen «productos genéticos» inducidos por las vacunas, o proteína espicular, Lawrence dijo que la clasificación por sí sola se está utilizando para discriminar al empleado sobre la base de su información genética.
Despido indirecto
La orden también viola un estatuto que prohíbe el «despido indirecto» en el que un empleador crea condiciones intolerables para el empleado, lo que resulta en su renuncia.
«En este caso, la ciudad traslada todo el coste y la carga de las pruebas a los empleados, que deben someterse a ellas en su tiempo libre y a su costa», dijo Lawrence. «Al mismo tiempo, la ciudad también bloquea efectivamente a los empleados no vacunados de cualquier oportunidad de promoción o ascenso».
Entre otras cosas, la orden también viola la Ley de Derechos Civiles, la Ley de Normas Laborales Justas, y contiene «importantes problemas constitucionales estatales y federales».
Un portavoz de comunicaciones de la ciudad de Raleigh dijo que la ciudad no hará comentarios sobre la carta.
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