El juicio por la vía ordinaria en contra de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez por hechos durante la crisis política de 2019 comenzó este lunes nuevamente tras la suspensión de la semana pasada con una audiencia virtual que se centró en resolver los incidentes legales presentados por su defensa.
Áñez acompañó el desarrollo de la audiencia en compañía de una de sus abogadas desde el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores de La Paz, en el que cumple detención preventiva hace más de un año, en una silla de ruedas y esta vez sin complicaciones de su salud debido a sus constantes crisis nerviosas.
La audiencia tuvo la presencia de representantes de varias entidades del Gobierno como la Procuraduría General del Estado (PGE), el Ministerio de Gobierno (Interior) y varios abogados de defensa pública asignados al patrocinio de exjefes policiales y militares declarados rebeldes que también son juzgados.
Esta es la tercera audiencia que se realiza para instalar el juicio contra Áñez, cuando ejercía el cardo de segunda vicepresidenta del Senado, luego de que en febrero y marzo fueran suspendidas por observaciones de la defensa y por complicaciones de salud de la exmandataria interina.
Resolución de incidentes
El acto judicial comenzó con el señalamiento de al menos unos cinco incidentes de nulidad por «actividad procesal defectuosa» presentados por la defensa de Áñez entre enero y marzo desde que el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz tomó el caso de la exjefa de Estado interina.
Una de las principales observaciones estuvo relacionada con el «auto de apertura del juicio» que, según el abogado Luis Guillén, fue una «copia de la acusación» de la Fiscalía y que da por sentado desde un inicio que hubo «una ilegal ascensión a la Presidencia» y que representa una «vulneración» a los derechos de su defendida.
El jurista enfatizó en que el juicio se desarrolla por el caso «golpe de Estado II» y que el objeto del proceso es determinar si hubo resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, que son algunas de las acusaciones contra Áñez.
Antecedentes del juicio
Áñez permanece detenida desde marzo de 2021 inicialmente acusada por terrorismo, sedición y conspiración en el caso «golpe de Estado I» con el que primero se ordenó cuatro meses de encarcelamiento preventivo para luego ampliarlos a seis.
Luego se abrió el proceso «golpe de Estado II» con acusaciones de resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes que sirvió para que su detención se extienda por un tiempo similar.
En este último caso se basa la acusación del Gobierno y del Movimiento al Socialismo (MAS) que establece que Áñez, tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y de la Cámara de diputados, asumió ilegalmente la Presidencia del país.
El argumento que el oficialismo maneja es que Áñez debió convocar a una reunión parlamentaria para la restitución de directivas y que la titularidad del Senado pertenecía al MAS, como fuerza mayoritaria, por lo que su llegada a la Presidencia fue «de facto».
Por su parte, los abogados de Áñez aseguran que a finales de 2019 hubo un vacío de poder ante la renuncia de toda la línea de sucesión y que se apegó a los procedimientos de la Constitución.
Limitaciones a los medios
La audiencia tuvo limitaciones para los medios de comunicación puesto que se afirmó que quienes iban a realizar la cobertura previamente debían «acreditarse» ante el tribunal, a pesar de que este tipo de actos judiciales son públicos a menos de que se determine la reserva del proceso.
«Denunciamos ante la opinión pública que en el juicio de @JeanineAnez no se permite el ingreso de medios de comunicación ni a los parlamentarios, solo están los medios del oficialismo», fue el reclamo en Twitter de la diputada opositora Laura Rojas.
Tanto en exteriores del tribunal, situado en el centro de La Paz, como del penal se apostaron algunos grupos de funcionarios públicos con carteles y cánticos contra la expresidenta interina.
«Áñez asesina, las muertes no se olvidan», «exigimos sentencia de 30 años», decían algunas pancartas que se referían a los más de veinte fallecidos durante la gestión de Áñez en las calificadas «masacres» de Sacaba y Senkata, aunque el juicio que inició no trata sobre esos hechos.
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