Las autoridades de Portland aprobaron esta semana unos 6 millones de dólares en fondos para combatir los tiroteos, aunque nada de este dinero irá a parar al departamento de policía de la ciudad.
Alrededor de una cuarta parte de los fondos se destinará a la contratación de más guardaparques desarmados.
«No sustituirán a la policía sino que seguirán desempeñando sus actuales funciones como guardaparques y como embajadores de buena voluntad que proporcionan una presencia positiva de seguridad comunitaria en nuestros parques y barrios circundantes», dijo Ricardo Lujan-Valerio, director de políticas para la comisaria Carmen Rubio, en la reunión del Ayuntamiento el 7 de abril, antes de la votación.
El programa de guardaparques cuenta actualmente con 24 empleados a tiempo completo. La financiación permitirá que el programa se amplíe rápidamente, dijo un funcionario de Parques durante la reunión.
Otros 3.5 millones de dólares se destinaron a organizaciones comunitarias que trabajan en la intervención y otros esfuerzos relacionados con los tiroteos.
La mayor parte de los fondos restantes, 600,000 dólares, se destinarán a «las emergentes o pequeñas organizaciones que están dispuestas y son capaces de ayudar a nuestros esfuerzos para reducir la violencia con armas de fuego», dijo Rubio.
La normativa también ordena al director de seguridad de la comunidad a que desarrolle planes de respuesta para la prevención de la violencia con armas de fuego y que trabaje con el director de la Oficina de Prevención de la Violencia y con el jefe de la policía de Portland, Chuck Lovell, para mejorar la colaboración con la comunidad en esta materia.
El comisario, Dan Ryan, dijo que la ordenanza «aborda la causa fundamental de la violencia con armas».
«Yo lo veo hoy en día como una innovación si se quiere, para un verdadero sistema de seguridad comunitaria», añadió. «Con esta ordenanza, estamos sentando las bases y, a partir de aquí, construyendo desde cero».
Otros comisarios también expresaron su apoyo, entre ellos la comisaria Jo Ann Hardesty, que el año pasado impulsó con éxito la disolución de la brigada de reducción de la violencia armada de la policía y el recorte del presupuesto de la oficina en 18 millones de dólares.
«Estamos de acuerdo en que el aumento inmediato de la violencia con armas de fuego es una amenaza para la salud pública que requiere una respuesta de salud pública que invierta en organizaciones de base comunitaria, que trabajen para cambiar las condiciones y los entornos que fomentan la violencia», dijeron Hardesty, el alcalde Ted Wheeler y los otros comisionados en una declaración conjunta.
Portland se enfrenta a un aumento vertiginoso de muertes por disparos desde principios de 2020, incluyendo más de 280 tiroteos y 18 asesinatos relacionados con armas de fuego en lo que va de año, lo que forma parte de una tendencia en la mayoría de las grandes ciudades de Estados Unidos.
La ordenanza, que se acordó en principio a última hora del martes, permite a la oficina de la policía reunir un equipo centrado en los tiroteos, pero no asignó ninguna financiación para ese fin.
La aprobación del consejo que la prevención de la violencia con armas de fuego «es un tema complejo y hay espacio para muchos recursos e ideas diferentes sobre cómo abordarlo», dijo Lovell a los periodistas durante una rueda de prensa virtual.
«Nosotros damos la bienvenida a cualquier recurso que vaya a ayudar para abordar esto en nuestra comunidad, a largo o corto plazo», dijo.
Sin embargo, debido al escaso número de agentes que tiene actualmente la oficina, y a la falta de financiación, será difícil formar el equipo.
«Ahora mismo estamos tan escasos que es muy difícil encontrar un lugar donde haya una docena de agentes con los que poder contar», dijo Lovell.
«Estamos en un punto en el que, en lo que respecta a la dotación de personal, poder hacer esto supone un gran impacto en nuestra capacidad para hacer otra cosa», añadió después.
La oficina cuenta con 818 miembros jurados, de los cuales 563 son agentes. Hay casi 100 vacantes y se espera que otras seis personas renuncien a fines de mes. La oficina ha tenido que presionar regularmente a los oficiales para que trabajen horas extras para hacer frente a los disturbios y protestas que se producen de forma regular desde la primavera de 2020.
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