El juicio contra la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, por los hechos de la crisis de 2019, quedó suspendido este miércoles por un recurso de su defensa ante el Tribunal Constitucional (TC) que impidió el desarrollo de la audiencia en la que se debía dictar una sentencia.
«(Se) ha decidido suspender la audiencia hasta que el Tribunal (Constitucional) resuelva este recurso o esta acción», declaró a los medios el fiscal asignado al caso, Omar Mejillones.
Para esta jornada estaba prevista la que se cree iba a ser la audiencia final del caso «golpe de Estado II» que involucran a Áñez, algunos de sus exministros y exjefes policiales y militares acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por acciones cometidas en 2019.
Mejillones estimó que la suspensión momentánea del juicio podría durar entre 10 a 15 días, hasta que el TC tome una decisión y nuevamente se fije el día y la hora de la continuación de la audiencia aplazada «donde se va a desarrollar los alegatos y se va a dictar sentencia».
El fiscal, antes de su ingreso a la corte en la que radica el caso en La Paz, dijo que la Fiscalía pediría «la pena máxima» contra la exjefa de Estado interina al considerar que la prueba presentada durante el proceso «es suficiente» para alejar esa sanción.
A través de la cuenta de Twitter de Áñez, sus familiares manifestaron que el proceso es un «juicio express, basado en ilegalidad, indebido proceso y condena anticipada contra #JeanineAñez por delitos inexistentes fraguados por el Gobierno».
En otra parte del tuit, se menciona que el oficialismo «planificó dictar sentencia a continuación de los alegatos de hoy» y se señaló que la expresidenta interina «cumple 417 días de prisión política».
Áñez permanece detenida en una cárcel de La Paz desde marzo de 2021 inicialmente acusada por terrorismo, sedición y conspiración en el caso «golpe de Estado I» con el que primero se ordenó cuatro meses de encarcelamiento preventivo para luego ampliarlos a seis.
Luego se abrió el proceso «golpe de Estado II» en el que se incorporaron otras figuras penales para que su detención se extienda por un tiempo similar.
El juicio comenzó a principios de abril, luego de un par de postergaciones debido a las crisis de salud que presentó Áñez o algunos recursos que planteó su defensa por observaciones a los procedimientos de la corte encargada del caso.
En el proceso que debe llegar pronto a una sentencia, el Gobierno y el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) acusan a Áñez de asumir ilegalmente la Presidencia del país tras la renuncia masiva del entonces presidente Evo Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y la Cámara de Diputados.
El argumento es que Áñez debió convocar a una reunión parlamentaria para la restitución de directivas de ambas Cámaras y que la titularidad del Senado pertenecía al MAS, como fuerza mayoritaria, por lo que su llegada a la Presidencia fue «de facto».
Por su parte, la defensa de Áñez sostiene que a finales de 2019 hubo un vacío de poder ante la renuncia de toda la línea de sucesión y que su llegada a la Presidencia se apegó a los procedimientos de la Constitución.
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