La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú postergó este lunes la votación de un informe que pidió que el presidente Pedro Castillo sea inhabilitado durante cinco años y se le acuse por la presunta comisión del delito de traición a la patria, por haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia.
La decisión se tomó después de que la presidenta de la subcomisión, Lady Camones, informara que la Comisión Permanente le notificó este mismo lunes que había cuatro cambios en los integrantes de ese grupo legislativo.
Tres de los legisladores cambiados fueron del partido centroderechista Acción Popular y una del partido izquierdista Perú Libre, en este caso la legisladora Kelly Portalatino, quien la semana pasada fue nombrada ministra de Salud.
Luego de que Camones señalara que los parlamentarios que asumirán sus puestos debían ser incorporados y recibir la información sobre la acusación contra Castillo, decidió suspender la sesión, con la propuesta, aún por confirmar, de que la votación se realice este martes o miércoles.
El informe contra Castillo
El congresista Diego Bazán, del partido opositor Avanza País, expuso este lunes ante la subcomisión los términos del informe que recomienda inhabilitar a Castillo por cinco años y «acusarlo por la presunta comisión del delito de traición a la patria».
Bazán sostuvo que las manifestaciones de Castillo «son susceptibles de reproche» y recordó que según el artículo 118 de la Constitución peruana el presidente tiene por función dirigir la política exterior, así como celebrar tratados internacionales, por lo que consideró que afectó la soberanía nacional.
Añadió que el gobernante «ha señalado a nivel nacional e internacional que es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar y que consultará a la ciudadanía» sobre esta posible medida que, según sostuvo, «pone en grave riesgo la integridad de la nación».
Bazán sostuvo que, con su acusación, «no se busca sancionar en ningún momento el delito de opinión, sino determinar si en su condición de tal ha transgredido la Carta Magna».
De esa manera, la subcomisión comenzó a evaluar este lunes el informe final, elaborado por el congresista Wilson Soto y sustentado por Bazán, luego de que el presidente declarara en enero pasado a la cadena CNN que los peruanos debían ser consultados sobre la posibilidad de otorgar una salida al mar a Bolivia.
La situación del gobernante
El presidente reconoció en ese momento que reclamó el «mar para Bolivia» durante una conferencia de profesores de Latinoamérica a la que asistió en La Paz en 2018, cuando ni se planteaba ser candidato presidencial.
«No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera», anotó.
Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), por lo cual demandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida marítima, pero el tribunal desestimó su petición.
El entonces presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) ya cedió en 1992 a Bolivia una franja de 5 kilómetros llamada Bolivia Mar, en el puerto sureño de Ilo, una decisión que fue profundizada en 2010 por Alan García (2006-2011), que renovó, por un periodo de 99 años, una zona franca marítima, sin soberanía, para el país vecino.
De prosperar el informe final de la denuncia contra Castillo en la subcomisión, el documento será enviado a la Comisión Permanente, que deberá analizarlo antes de autorizar su eventual debate en el pleno.
Un informe preliminar que declaró procedente la admisión de la denuncia ya fue aprobado el pasado 28 de febrero por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con el voto dirimente de la entonces presidenta de ese grupo de trabajo, Rosio Torres, del partido conservador Acción Popular.
Durante el debate del informe final, varios legisladores consideraron que la acusación carece de fundamento jurídico, ya que Castillo solo dio una declaración y no cumplió con ningún acto para implementarla, mientras que congresistas opositores aseguraron que sí hubo una vulneración constitucional y el gobernante debe recibir una sanción política.
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