Periodistas independientes y activistas de Cuba han denunciado un aumento de la presión de las autoridades mediante citaciones para entrevistas en dependencias policiales pese a la recomendación oficial de permanecer en casa para evitar la propagación del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como nuevo coronavirus.
Algunas de estas conversaciones derivaron en multas por supuestamente haber vulnerado, mediante publicaciones en las redes sociales, el Decreto-Ley 370, que entre otras cuestiones regula el uso de las tecnologías de información y comunicación en el país, pero no el ejercicio del periodismo en sí.
En Cuba la prensa escrita, radio y televisión son estatales, pero la apertura de Internet a partir del 2015 propició la aparición de medios digitales independientes editados desde dentro de la isla que se mueven en un limbo jurídico, ya que aún no hay una legislación específica para las plataformas periodísticas online.
El caso más reciente es el de la periodista Mónica Baró, ganadora en 2019 del Premio Gabo en la categoría de texto y quien la semana pasada tuvo que acudir a un encuentro con agentes de la Seguridad del Estado en La Habana del que salió con una sanción de 3000 pesos (unos 120 dólares).
Motivos «demasiado importantes»
El motivo fueron publicaciones realizadas en Facebook en los últimos meses y que, según la multa, vulneran un artículo del Decreto 370 que prohíbe «difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas».
Baró relató por teléfono a Efe que pidió al agente posponer la entrevista ante el riesgo que implica ahora mismo salir de casa, pero el oficial replicó que los temas que debían tratar «eran demasiado importantes» como para retrasar el encuentro.
La cita consistió en un interrogatorio de más de una hora y media que -en contraste con el motivo de la multa posterior- no se centró en su labor como periodista ni en sus publicaciones en las redes, sino en las fuentes de financiación de los medios con los que colabora. Pero no le cabe duda de que «estaba ahí por ser periodista».
«El interrogatorio está pensado para que la gente sienta miedo, que sienta que está haciendo algo incorrecto», sostuvo Baró, quien destacó el desequilibrio de poderes «ante un sistema que controla todo en el país» y frente al cual «lo único que tienes a tu favor es tu palabra y las redes de solidaridad que has ido tejiendo».
La informadora recurrirá la sanción y ahora teme que le decomisen sus instrumentos de trabajo, como ha ocurrido en otros casos.
También recordó, sobre las fuentes de financiación de los medios independientes, que «no hay otra forma de trabajar»: como Cuba no reconoce a los medios que no sean estatales, los independientes carecen de identidad jurídica.
«Mi respuesta es que yo estoy infringiendo leyes injustas que desconocen derechos universales (…). Te convierten en un delincuente», apostilló.
Baró ha recibido el apoyo de compañeros y activistas, así como de la Fundación Gabo, cuyo director, Jaime Abelló, pidió a través de Twitter a las autoridades cubanas «revocar tan absurda multa y dar garantías para que la respetada periodista Mónica Baró pueda continuar su impecable trabajo periodístico, por el cual fue finalista y luego ganadora del Premio Gabo».
Bloqueados por el estrés
El periodista Maykel González Vivero, director de la plataforma Tremenda Nota, también fue citado por teléfono en medio de la epidemia del virus del PCCh el pasado 11 de abril, con argumentos similares.
«Le expliqué al oficial que no era conveniente por la situación e insistió en que era muy importante que nos encontráramos», relató a Efe González Vivero, quien optó por acudir para evitar problemas a los amigos en cuya vivienda se aloja estos días.
El informador asegura que fue amenazado con multas y procesos penales que al final quedaron en advertencias.
«Me dijeron que no iban a permitir que publicásemos textos que denigren al Gobierno. Nosotros aspiramos a contar las historias completas y lo menos sesgadas posible, no hemos hecho nunca un periodismo parcial», adujo el periodista.
También lamentó que «cuando este acoso se da de manera sostenida, se vive bajo estrés permanente y la respuesta en algunas personas es dejar de escribir porque te bloqueas, pierdes la concentración y la capacidad de seguir produciendo contenidos».
Además, subrayó que el Decreto 370 «es una gran amenaza para todos, no solo para los periodistas», pues también han sido sancionados a partir de esta norma personas con otros perfiles, como «youtubers» o activistas de la sociedad independiente.
Recogida de firmas
A raíz de estos hechos se ha iniciado en la plataforma Avaaz una campaña que hasta ahora suma casi 1600 adhesiones contra el Decreto 370, que los firmantes califican de «ley azote» e instrumento de censura, por lo que piden su revocación.
«Por ‘pensar y hablar sin hipocresía’ los cubanos estamos siendo hostigados y corremos peligro de contagio por el COVID-19, así como de ir a prisión», comienza el manifiesto, que denuncia que en medio de la crisis sanitaria la Seguridad del Estado «ha amenazado, multado y decomisado equipos de trabajo a periodistas independientes, reporteros, comunicadores y ciudadanos».
El texto recuerda que el decreto se refiere a la difusión de contenidos por redes públicas y que ni el monopolio estatal de las comunicaciones, ETECSA, ni Facebook, «donde se hallan las publicaciones de los sancionados» son redes públicas.
También sostiene que el 370 vulnera la libertad de pensamiento, conciencia y expresión recogidos en la Constitución cubana y denuncia el importe «excesivo» de la sanción (120 dólares) como elemento disuasorio. En Cuba, el salario promedio de un trabajador estatal no llega a 45 dólares mensuales.
La petición exige asimismo, entre otras cuestiones, «someter a procedimientos penales a los que pusieron en riesgo de contagio a los sancionados», el otorgamiento de personalidad jurídica a la prensa independiente y la liberación del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones, quien desde septiembre cumple una condena de un año por «resistencia y desobediencia».
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