Las encuestas escolares que recopilan información de los estudiantes y crean una necesidad percibida de un plan de estudios de aprendizaje social y emocional (SEL) han llamado la atención de las autoridades de Missouri.
El fiscal general Eric Schmitt emitió citaciones esta semana a siete distritos escolares que presuntamente emplean encuestas estudiantiles—creadas por las empresas educativas Panorama y Project Wayfinder—para recopilar datos sobre las creencias políticas y los niveles de ingresos de los padres, así como sobre la identidad racial, los comportamientos sexuales y la salud mental.
“Esos mismos grupos entran y venden ese plan de estudios a las escuelas”, dijo Kimberly Hermann, asesora general de Southeastern Legal Foundation, un bufete de abogados nacional sin fines de lucro que defiende la libertad.
«Los contratos con estas empresas son de dominio público, por lo que se supone que se aprueban durante las reuniones del consejo escolar, pero las encuestas se realizan sin el consentimiento ni la notificación de los padres».
En respuesta, Schmitt ha puesto en marcha una investigación sobre el uso de las encuestas de los estudiantes en el Distrito Escolar de Mehlville, el Distrito Escolar de Webster Groves, el Distrito Escolar de Jefferson City, el Distrito Escolar de Lee’s Summit R-7, el Distrito Escolar de Park Hill, el Distrito Escolar de Springfield y el Distrito Escolar de Neosho—con la vista puesta en las violaciones de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) de Missouri, o la Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA).
«Someter a los estudiantes a encuestas personales e invasivas creadas por consultores de terceros, posiblemente sin el consentimiento de los padres, es ridículo y no hace nada para promover la educación de nuestros hijos», dijo Schmitt en un comunicado en Internet.
Hermann detalla en una carta del 1 de mayo a Schmitt que el distrito escolar de Webster Groves requiere que los estudiantes de secundaria respondan una encuesta sobre “¡Luchas de LGBTQIA+!” que pregunta: “¿Cuáles son tus pronombres preferidos, qué luchas has experimentado relacionadas con LGBTQIA+, y qué te gustaría ver en la escuela para ser más inclusivo?”
«Hay estatutos federales que se supone que no deben hacer estas preguntas», dijo Andy Wells, el presidente del sector de Missouri de No Left Turn in Education.
“El problema es que a los distritos escolares, ya algunas de las empresas que están contratando los distritos escolares, no les importa. Simplemente lo ignoran. Lo hacen de todos modos y si a alguien no le gusta, tendrás que demandarlo”.
A los estudiantes de segundo grado se les preguntó: «¿Cuándo fue la primera vez que notaste que las personas pueden ser de razas diferentes a la tuya? ¿Qué notaste? ¿Te sientes más cómodo con personas que se parecen a ti?».
“El objetivo aquí es enseñarles a estos niños que Estados Unidos es un país blanco de supremacía blanca y destruir a la familia nuclear”, alega Hermann. “Si no se detiene a los malos actores de la izquierda progresista, entonces tendremos una mayor división en este país entre nuestros niños”.
Ni Panorama ni Project Wayfinder respondieron a las solicitudes de comentarios de The Epoch Times.
Según Jill Carter, candidata al distrito 32 del Senado de Missouri, las escuelas suelen asociarse con proveedores externos para asegurarse el dinero de las subvenciones y, al aceptarlas, están obligadas a permitir las encuestas.
“Si se trata de una plataforma que proporciona software o tecnología, especialmente con el aumento de la tecnología en nuestra escuela, hay cada vez menos capacidad para que la escuela sepa realmente lo que se está preguntando”, dijo Carter a The Epoch Times.
“Están cediendo esa supervisión y los maestros a veces ni siquiera saben, porque los niños están en Internet o en una tablet y eso es parte del software o la implementación de algunos de estos programas”.
Entre las preocupaciones identificadas está la confidencialidad.
«Hay muchos peligros con ello», dijo Wells a The Epoch Times. «El mayor de ellos es quién tiene acceso a los datos y si éste sigue a los estudiantes hasta la universidad. ¿Cómo se utilizan los datos?».
Otra inquietud es acerca de si la información recopilada está creando un perfil que indique la necesidad de intervención.
“Definitivamente es una fuerza del gobierno y la intervención sería: ‘Si no nos gusta la forma en que responde en estas encuestas, recomendaremos la intervención’ y Panorama ofrece actividades y preguntas de intervención”, dijo Mary, con sede en Missouri. Byrne, quien tiene un doctorado en educación de Teacher’s College en Manhattan.
«Hay un menú al que puede acceder para que los maestros implementen diferentes actividades».
El uso de encuestas no es nuevo, según Byrne.
“Se hizo años antes y por eso se puso en marcha la Ley de Privacidad del Alumno”, dijo.
La Ley de Privacidad del Alumno, también conocida como la Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno de 1978, prohíbe que los niños participen en encuestas y otros análisis sin el consentimiento de los padres e incluye una disposición para que los padres opten por que sus hijos no participen en dichas evaluaciones.
Pero no hay causa de acción para presentar una demanda por una violación a las leyes federales de privacidad.
“La forma en que el Congreso redactó la ley es que se puede presentar una queja administrativa, pero bajo la administración Biden, sabemos que eso no va a ir a ninguna parte”, dijo Hermann.
Las citaciones entregadas por Schmitt exigen documentos e información para determinar el alcance de las encuestas y si los padres dieron su consentimiento a las encuestas antes de su distribución a los estudiantes.
«Queremos que recabe información sobre la procedencia de estas encuestas y que aplique las leyes de privacidad federales y estatales», añadió Hermann.
«Tiene numerosas vías diferentes a las que podría acudir basándose en la ley y en su poder de investigación. Así que vamos a dejar que su oficina determine cuál es la mejor vía».
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