Un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Representantes presentó el miércoles un proyecto de ley que pondría en marcha un programa de subvenciones de 500 millones de dólares para ayudar a los gobiernos estatales y locales a reforzar la seguridad de sus redes informáticas.
La propuesta llega en un momento en el que la nación está lidiando con una serie de ataques de ciberseguridad que paralizaron la infraestructura de agencias estatales y locales, escuelas y corporaciones privadas del país. Entre ellos se encuentran los ataques de ransomware que obligaron a un distrito escolar de Massachusetts a cancelar su primer día de clases presencial y otro ataque contra el oleoducto Colonial Pipeline, que detuvo las operaciones de combustible provocando escasez de gas en varios estados.
El proyecto de ley, denominado Ley de Mejora de la Ciberseguridad Estatal y Local, pretende aumentar los recursos de los gobiernos estatales y locales para hacer frente a las vulnerabilidades de la ciberseguridad. Esto incluye animarlos a aumentar la financiación de la ciberseguridad y a desarrollar estrategias para hacer frente a las amenazas.
La propuesta también estimula a los gobiernos estatales y locales a colaborar estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional, organismo responsable de conceder las subvenciones, para garantizar la identificación de las amenazas y la aplicación de los planes.
La representante Yvette Clarke ( D-N.Y.), presidenta del subcomité de ciberseguridad del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, está liderando los esfuerzos para asegurar la aprobación del proyecto de ley. Junto a Clake, está el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Bennie Thompson (D-Miss.), el representante John Katko (R-N.Y.) y el miembro del subcomité de ciberseguridad Andrew Garbarino (R-N.Y.).
«En la década transcurrida, desde que presidí por primera vez el subcomité de ciberseguridad, el número de casos y el impacto financiero del ransomware se disparó. Estos ataques son más que un simple inconveniente, son una amenaza para la seguridad nacional», dijo Clarke en una declaración.
«Por eso presenté la Ley de Mejora de la Ciberseguridad Estatal y Local, que autorizaría 500 millones de dólares en subvenciones anuales a los gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales para reforzar su ciberseguridad, al tiempo que insiste en que den un paso adelante para priorizar la ciberseguridad en sus propios presupuestos».
«Los ciberataques aumentaron a un ritmo alarmante en los últimos años. Estos ataques son una amenaza inminente y existencial para nuestra seguridad nacional y debemos hacer todo lo posible para evitar que sigan ocurriendo», añadió Garbarino.
Este año, el gobierno federal ha estado lidiando con las secuelas del ataque de SolarWinds, que se cree afectó a nueve agencias federales y a 100 empresas del sector privado en Estados Unidos.
El ataque, del que informó por primera vez la empresa de ciberseguridad FireEye, que a su vez es cliente de SolarWinds, se cree que es el mayor ciberataque jamás descubierto, lo que llevó al gobierno estadounidense a crear un grupo de trabajo multidepartamental para responder a la amenaza.
Por otra parte, Microsoft declaró a principios de este año que un grupo de ciberespionaje vinculado a China utilizó vulnerabilidades en el programa de correo electrónico de Microsoft para comprometer las bandejas de entrada de los correos electrónicos. En un blog, la empresa atribuyó el ciberataque a Hafinium, un grupo que se considera patrocinado por el Estado y que opera desde China.
Otros grupos de legisladores también introdujeron medidas para hacer frente a estas amenazas, incluyendo un proyecto de ley que permitiría a los estadounidenses demandar en los tribunales federales o estatales a los países extranjeros o a sus agentes que realicen ciberataques contra los estadounidenses.
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