La presidenta de Perú, Dina Boluarte, desautorizó un recurso de habeas corpus que había presentado un abogado para anular las órdenes del allanamiento que se realizó durante la madrugada de este sábado en su vivienda y en el Palacio de Gobierno de Lima, como parte de la investigación de sus relojes de lujo no declarados.
El recurso presentado por un abogado identificado como Marcos Riveros, fue rechazado mediante un documento enviado por la defensa de la presidenta al Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima.
En el documento, difundido por medios locales, la presidenta señaló que Riveros no es parte de su defensa legal y no fue autorizado para presentar ese recurso.
«En mi calidad de supuesta ‘beneficiaria’ del presente recurso interpuesto oficiosamente, acudo a su despacho a fin de desautorizar la presente solicitud de Habeas Corpus, puesto que no conozco al abogado Marco Riveros Ramos, no es parte de mi defensa y no lo he autorizado ni directa ni indirectamente a hacerlo», enfatizó.
La emisora RPP señaló que el Poder Judicial ya había admitido a trámite este recurso presentado por Riveros. El argumento era que se había producido una presunta vulneración del derecho de la mandataria a contar con un «fiscal competente», debido a la condición interina del actual fiscal general, Juan Carlos Villena.
Boluarte también solicitó este domingo a la Fiscalía de la Nación que se adelante la fecha en que debe brindar su declaración sobre el llamado ‘caso Rolex’, que ha sido programada inicialmente para el próximo viernes.
El abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, envió una carta en la que solicitó al Ministerio Público que esa declaración sea tomada «de forma inmediata, a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación».
Agregó que el pedido se ha hecho «en vista de la turbulencia política que se viene produciendo (en el país) como consecuencia de las diferentes diligencias» realizadas por la Fiscalía y la Policía por este caso.
Boluarte estaba citada para mostrar sus relojes en el Ministerio Público el pasado martes y para dar su testimonio el pasado miércoles, pero había pedido reprogramar ambas citas debido a su «cargada agenda», por lo que no acudió a ninguna de las fechas establecidas.
Esto provocó el allanamiento de su vivienda, donde el operativo policial rompió la cerradura de la puerta, y del Palacio de Gobierno, tras lo cual la presidenta afirmó que el procedimiento se había realizado de manera arbitraria, abusiva y desproporcionada, y que ella estaba colaborando con la investigación.
En respuesta a la presidenta, el Ministerio Público aseguró que el operativo se realizó «por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema» y, por tanto, descartó que la intervención haya sido «ilegítima, inconstitucional y abusiva».
También aseguró que en el operativo «no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex por la presidenta de la República, pese a que se le requirió», pero sí obtuvo otros elementos de interés para la investigación.
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