El presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgó este martes la ley para convocar las elecciones judiciales que debían realizarse en 2023, luego de 16 días de bloqueos de carreteras por parte de seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019).
La norma fue aprobada esta madrugada en grande y en detalle en la Cámara de Diputados y luego pasó al Senado, donde se debatió por al menos tres horas.
El proceso para elegir a los magistrados de los principales tribunales estaba detenido en el Parlamento, por lo que el Tribunal Constitucional prorrogó su mandato y el de los demás jueces, situación que generó una nueva disputa en el oficialismo, con el bloqueó de varias carreteras del país desde el pasado 22 de enero, medida de presión que fue suspendida en esta misma jornada.
En un acto en la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo del país, el presidente Arce acompañado del vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, y representantes de organizaciones sociales promulgó la norma 144 «Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024».
Arce señaló que por la «tozudez» y la «intencionalidad política» se alargó esta situación que «no era necesaria».
«Han sido innecesarios los bloqueos, el afán de desgastar, de venir por la cabeza del presidente, como lo han anunciado y lo han dicho públicamente, no se puede engañar al pueblo boliviano de esa manera por intereses particulares», resaltó el mandatario boliviano.
Los sectores afines a Morales realizaron el bloqueo en contra de la prórroga de los magistrados y por la sentencia constitucional que inhabilita la candidatura presidencial del exmandatario, ya que el fallo dicta que la reelección indefinida «no es un derecho humano».
Daños por bloqueos
Arce recalcó el daño a la economía que provocaron los bloqueos de carreteras por 16 días y también al Carnaval de Oruro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que se realizará el próximo 10 de febrero, ya que por las medidas de presión muchos visitantes cancelaron sus viajes al país.
Según cálculos oficiales, los bloqueos han dejado hasta el momento pérdidas por más de 1000 millones de dólares.
«Hoy nadie puede mostrarse como ganador de esto cuando el pueblo ha perdido, el pueblo sabrá valorar, sabrá internalizar todo lo que ha pasado porque nosotros siempre decimos el pueblo es sabio y el pueblo dará su veredicto mañana», recalcó Arce.
Asimismo, pidió que estas elecciones judiciales no sean para «cuotearse» los cargos, sino que se elijan a las personas más «aptas».
En los exteriores de la Casa Grande del Pueblo, en el centro de La Paz, se apostaron varias organizaciones sociales para ver por una pantalla la promulgación de la norma y para «festejar».
Los bloqueos que aún se mantenían en algunas vías cercanas al departamento central de Cochabamba, que es el bastión político y sindical de Morales, se levantaron luego de la aprobación de la norma.
El expresidente Evo Morales manifestó en sus redes sociales que el «pueblo boliviano a la cabeza del movimiento indígena triunfó» al hacer respetar la Constitución y que salieron a las carreteras a defender «la justicia ante el golpe judicial».
Crisis judicial
La Constitución vigente desde 2009 introdujo la elección por voto popular cada seis años de los magistrados y consejeros de los máximos tribunales del país.
Los comicios para renovar a los magistrados debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, ante lo cual el Tribunal Constitucional prorrogó su mandato y el de los otros jueces para evitar un «vacío de poder».
Los sectores «evistas», que respaldan al exgobernante y líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), exigían la renuncia de los magistrados de los máximos tribunales del país y la celebración de los comicios judiciales.
Arce y Morales están distanciados desde finales de 2021, cuando el exgobernante pidió que el presidente hiciera cambios en su gabinete, llamados que el mandatario ignoró, a lo que siguieron acusaciones mutuas de corrupción y traición.
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