El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció este viernes pasada la medianoche que el censo de población y vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024 y que la distribución de los recursos se hará en septiembre de ese mismo año.
«Quiero anunciar dos decisiones, primero el empadronamiento nacional de población y vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024, segundo, con base a estos resultados preliminares se hará la distribución de recursos en septiembre» de ese año, señaló el presidente un mensaje a la Nación.
La decisión del presidente se da a conocer en el día 21 del paro indefinido en la región de Santa Cruz, motor económico del país, que lidera las medidas de presión con el objetivo de que el censo se efectúe en 2023 y que sus datos se apliquen en 2025, año en los que están previstos los comicios presidenciales.
En ese sentido, Arce destacó que en «septiembre de 2024, mes aniversario de Santa Cruz los recursos por coparticipación serán distribuidos» a esa región.
El presidente mencionó que tras recibir las recomendaciones de la comisión técnica, que trabajó por cuatro días en la ciudad amazónica de Trinidad, con «la voluntad irrenunciable de apostar al diálogo» y con la «responsabilidad» que los bolivianos le dieron en octubre de 2020 determinó la realización de la encuesta censal para el primer trimestre de 2024.
Actos de desestabilización
El presidente dijo que «nuevamente el país estaba siendo amenazado por intentos desestabilizadores por algunas personas que pretenden interrumpir el orden democrático».
«Un acto técnico como es un censo en ningún otro país se ha convertido en un pretexto político para desestabilizar a un Gobierno y confrontar a la población», indicó en referencia al conflicto por el censo, que durante los 21 días de paro se han registrado varios enfrentamientos en Santa Cruz.
El presidente convocó «a todas las corrientes democráticas» del país o «las que existen dentro del Comité Interinstitucional (de Santa Cruz) a cerrar el paso a la violencia y los intentos de ruptura del orden constitucional».
«Lamentablemente se ha insistido en un paro cívico en el departamento de Santa Cruz que en 21 días ha enlutado a la famlia boliviana con cuatro muertos, cientos de heridos» y «enormes daños a la economía» buscando «una escalada de violencia racista», afirmó Arce.
El conflicto por el censo deja ya cuatro muertos, varios heridos y detenidos, trabajadores de la prensa golpeados y ultrajados en el cubrimiento de los enfrentamientos, saqueos y hasta el incendio a la sede de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, entre otras instituciones.
Para este domingo está previsto un cabildo en la ciudad de Santa Cruz en el que se definirá la continuidad del paro y la posible de más medidas de presión, como las huelgas que políticos opositores y representantes sociales hacen desde hace unos días en diferentes regiones del país.
Inicialmente, el empadronamiento se había fijado para este mes, pero en julio pasado el Gobierno lo postergó para 2024 bajo el argumento de problemas técnicos y la necesidad de conseguir «datos de calidad» mediante la «despolitización» del proceso.
El último censo que se realizó en Bolivia fue en 2012 y las leyes del país establecen que esa consulta debe realizarse cada 10 años.
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