El médico y cirujano retirado Alejandro Giammattei cumplió este viernes un mes al frente del Gobierno de Guatemala, con más luces que sombras en opinión de expertas, pero también con una polémica ley sobre su despacho que podría empezar a dar pistas sobre su andar político.
El nuevo presidente guatemalteco, investido el pasado 14 de enero en reemplazo de Jimmy Morales Cabrera, completó sus primeros 30 días como gobernante interesado en exhibir la imagen de un hombre trabajador, muchas veces con jornadas de más de doce horas de labores.
«Hay muchos gestos del presidente que pueden leerse como positivos para una ciudadanía con pocos elementos a favor», le dijo a Efe la analista política independiente, Gabriela Carrera.
«Actitudes que apelan al trabajo, como las conferencias de prensa mañaneras que trasladan a la población la idea ‘de que usted no se ha levantado y yo estoy levantado ya trabajando'», explica Carrera.
Giammattei ha madrugado en más de una ocasión para anunciar estados de prevención en varios municipios, una de sus estrategias de seguridad ciudadana, y también expuso en otro momento, cuando le cuestionaron por su salario, que estaba sudando para «ganar cada centavo».
«Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo con un ánimo que no se veía desde hace tiempo en la población con un presidente en sus primeros días», señaló el gobernante 28 de enero en una rueda de prensa donde hizo referencia además de jornadas diarias de 18 ó 20 horas de trabajo por parte de su persona y su equipo.
«Es claro que el presidente tenía un plan para comenzar su Gobierno y para conectar con la gente. Sus planes de recuperación y control, sus declaraciones, todo parece ir de la mano para recuperar la confianza de la gente», opina la exdiputada Sandra Morán, en declaraciones a EFE.
En opinión de Carrera, «pareciera» que el primer mes ha sido utilizado por Giammattei para la «recuperación de instituciones» y para «retomar las riendas y la autoridad», además de intentar ganarse a los habitantes de la capital con medidas de seguridad como la de los estados de prevención.
«Al gran grueso de la población, sobretodo urbana y en las periferias del departamento de Guatemala, le va a parecer muy favorable el primer mes de Giammattei», puntualiza la analista.
«Sobre todo por las demandas más solicitadas de esas zonas, que es la inseguridad», subraya.
La población urbana sufre principalmente por las miles de extorsiones que día a día son impuestas a comercios y hogares por pandilleros o por grupos criminales, y que Giammattei espera erradicar con los estados de prevención y con requisas a prisiones.
Polémica ley
El primer mes de Giammattei en el poder coincide con una polémica reforma de ley aprobada el pasado martes cerca de la media noche por el Congreso de Guatemala, y que le corresponderá al mandatario avalar o vetar en los próximos días.
La nueva normativa, nacida en 2017 con el anterior período legislativo, ordena el «control» de las organizaciones no gubernamentales en el país y su «fiscalización» aún cuando no manejen fondos públicos, entre otras medidas.
«Ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público», establece la reforma de ley. «Si una ONG utiliza donaciones o financiamiento externo para alterar el orden público, será inmediatamente cancelada», reza la normativa.
Giammattei explicó el miércoles que estudiará y revisará la ley «para tomar una decisión consultada» con su «cuerpo jurídico» en los próximos días, de modo que se analice si no hay «inconstitucionalidades».
«Ahora, seamos enfáticos en algo: entra dinero a Guatemala bajo el paraguas de ONGs, que no se sabe la procedencia, no se sabe su destino y no se sabe en qué va a beneficiar», apostilló Giammattei.
«El pueblo de Guatemala pide transparencia y nos tenemos que acostumbrar a una cultura de transparencia todos los guatemaltecos», añadió el gobernante.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Guatemala manifestó sus reservas con respecto a la nueva normativa.
«La reforma a la Ley de las Organizaciones No Gubernamentales podría afectar a la libertad de asociación, reunión y expresión, así como los espacios democráticos para la sociedad civil organizada», detalló la oficina de la ONU en Guatemala mediante sus canales de comunicación.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había expresado en 2019 su preocupación por la ley, que introduce «requisitos y controles administrativos aplicables a ONG nacionales e internacionales» que «en la práctica pueden usarse de manera discrecional o arbitraria para limitar» su labor.
El origen de la ley es, según diversas fuentes, un intento de varios diputados de la anterior legislatura (2016-2020) de contrarrestar la lucha anticorrupción emprendida desde 2015 por el Ministerio Público guatemalteco y la ya desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Con la misma se puede «cancelar arbitrariamente a las organizaciones incómodas», señaló la organización JusticiaYa, nacida en 2015 con la lucha anticorrupción. La misma opinión sostienen docenas de entidades de diversa índole que han manifestado su oposición a la ley durante la semana en comunicados en conjunto y ruedas de prensa.
El actual Congreso, recién investido el pasado 14 de enero, no había conocido la iniciativa de reforma de dicha ley desde que tomó posesión. Sin embargo, según denunciaron varios legisladores, fue incluida por sorpresa en una modificación de la agenda del día el pasado martes.
Es en este tipo de «cuestiones no tan populistas cuando comenzamos a sentir la realidad» del Gobierno actual, argumenta Carrera.
«Dicha ley se acerca a un prejuicio ideológico que es además útil para amortiguar las voces más críticas», añade la analista política.
La exdiputada y activista Sandra Morán tiene la misma visión. «Yo espero que vete la ley, para que así (Giammattei) demuestre que no hay un plan de control de los territorios y control de las organizaciones sociales», le explicó a EFE.
«Pareciera que con esa ley asumen, quienes la impulsan y la élite del país, que las organizaciones no gubernamentales están en contra del desarrollo, y están haciendo lo imposible por callarlas», sentenció Morán.
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