SANTA CRUZ, Bolivia —El presidente socialista de Perú, Pedro Castillo, hizo comentarios poco claros durante una entrevista en vivo el 25 de enero sobre la posibilidad de conceder una salida al mar a la nación sin litoral de Bolivia.
Castillo indicó que había escuchado de su vecino del sur la petición por un acceso igualitario, y luego añadió que «consultaría al pueblo» de Perú a través de un referéndum, sin dar más detalles.
Cuando se le preguntó sobre la reacción que podría provocar su propuesta, Castillo dijo: «a mí eso no me importa, porque he venido a hacer la voluntad del pueblo peruano».
Como era de esperar, los comentarios del presidente provocaron una inmediata indignación en el país.
Es el último de una serie de debacles y errores administrativos del asediado jefe de Estado.
Castillo estuvo a punto de ser destituido en diciembre de 2021 debido a un escándalo de malversación de fondos en el que estaban implicados miembros de su administración y actualmente está siendo investigado por la oficina del fiscal general por presunto tráfico de influencias en contratos gubernamentales.
«Entonces ¿por qué poner una barrera [a Bolivia]?» preguntó Castillo retóricamente.
A la cabeza de la lista de quejas por los comentarios del mandatario se encuentran los militares de la nación.
Un grupo de ex altos mandos de las fuerzas armadas peruanas emitieron un comunicado oficial el 27 de enero en el que reprendían los comentarios de Castillo.
“Las declaraciones del mandatario, esbozando la posibilidad de mermar la integridad de la República devienen en una ofensa para los peruanos de bien», decía la declaración que estaba firmada por tres comandantes.
Además, la proclama calificó la propuesta de Castillo de otorgar tierras a Bolivia como una «inaceptable traición a la Patria en beneficio del interés de otra nación”.
La presidenta del Congreso María del Carmen Alva también respondió al presidente recordando que el artículo 54 de la Constitución nacional especifica que el territorio del Estado es «inalienable e inviolable», lo que incluye la tierra, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo.
«La soberanía nacional y la Constitución se respetan», añadió.
Otro congresista, Ernesto Bustamante, dijo que las descuidadas declaraciones de Castillo ya han tensado la relación entre Bolivia y Perú al crear expectativas irreales por el «claro apoyo del presidente a la concesión de un acceso soberano al mar desde Perú».
Avivando el fuego de la indignación, la parlamentaria Rosselli Amuruz pidió al presidente que renuncie a su cargo.
“Nuestro país no puede ir sin rumbo, al tener a una persona que el cargo le queda grande y que admite no estar preparado para gobernar: A confesión de parte, relevo de prueba: renuncie Sr. Presidente”.
Castillo intentó calmar los ánimos de sus compatriotas aclarando su posición el 31 de enero.
“Sí, me expresé mal, pido disculpas a nuestro pueblo», admitió.
El presidente aseguró a los peruanos que no haría nada sin su consentimiento popular y sugirió que se sometiera a votación la controvertida medida.
También señaló que el concepto de otorgar territorio soberano a Bolivia para uso marítimo no era nuevo y que había sido propuesto bajo el exdictador Alberto Fujimori y el presidente Alan García.
Castillo dijo que solo ofrecería el acceso al mar a Bolivia con la condición de un desarrollo mutuo del crecimiento económico y turístico, y de las inversiones entre ambas naciones.
El gobierno de Luis Arce en Bolivia, un régimen socialista cercano que perdura desde 2006 bajo el expresidente Evo Morales, ha sido un ferviente partidario del gobierno de Castillo.
También mencionó la posibilidad de obtener, a cambio de conceder una salida al mar al gobierno de Arce, gasolina más barata de Bolivia.
«Tengan por seguro nuestros hermanos que seré el primero en defender la integridad de nuestro país y que nuestra propuesta de concesión marítima no contempla soberanía nacional”, dijo Castillo.
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