Los enfrentamientos en Ecuador se han recrudecido en las últimas horas con la llegada de miles de manifestantes indígenas a Quito, lo que ha provocado la evacuación del Palacio presidencial y el traslado de la sede de Gobierno a Guayaquil.
Las estrechas calles del centro histórico volvieron a convertirse este lunes en un campo de batalla entre manifestantes de distintos grupos y la policía, con la quema de neumáticos, lanzamiento de piedras, cócteles Molotov y destrucción masiva de propiedad pública, según constató Efe.
Como en las de la semana pasada, en las protestas de este lunes también tomaron parte grupos de izquierdas, sindicalistas y jóvenes de distintas afiliaciones políticas de oposición, a los que se sumaron los primeros indígenas que consiguieron llegar a Quito.
Su llegada a la avenida 10 de Agosto, a la altura de San Blas, con dirección al casco antiguo, condujo al inevitable choque con cientos de agentes del orden a pie y a caballo, que les lanzaron gases lacrimógenos y trataron de cortarles el paso hacia la Presidencia.
Escenario de fuertes disturbios fue la emblemática plaza de Santo Domingo, a unos cientos de metros de la Presidencia y de la que la Policía debió retirarse ante el insistente avance de los manifestantes.
Por el momento no se ha informado de si se han producido víctimas, y la confusión continuaba en toda la zona en medio de las denuncias por la violenta actuación de las fuerzas del orden en los últimos días.
Las protestas comenzaron poco después de que fuerzas militares evacuaran el Palacio de Carondelet, y trasladaran a Guayaquil al presidente Lenín Moreno.
Desde esa ciudad, el mandatario compareció ante la ciudadanía por televisión y radio para pedir calma y tender la mano a los grupos sociales, a la vez que acusaba al expresidente Rafael Correa, de un «intento de golpe de Estado».
«Lo que ha sucedido no es una manifestación social de protesta frente a una decisión de Gobierno. Aquí hay una manifestación política para romper el orden democrático, dijo antes de lanzar los dardos a sus tradicionales oponentes estos dos últimos años.
Y agregó que hay «individuos externos pagados y organizados» para utilizar la movilización de los indígenas con fines de saqueo y desestabilización.
En su mensaje, Moreno compareció rodeado por el vicepresidente Otto Sonneholzner, el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, y cuatro generales en uniforme de combate.
Aunque sin mencionarla explícitamente, el mandatario ecuatoriano instó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) «a un diálogo sincero», «una puerta que nunca se cerró».
La actual crisis institucional y política en el país comenzó la semana pasada a raíz de una serie de recortes y medidas anunciados por el Gobierno, entre ellos la anulación del subsidio a los combustibles.
Desde entonces se han producido paros de transporte, huelgas y disturbios por todo el país, acciones de protesta las que el fin de semana se sumaron los indígenas, un 7 por ciento de la población del país.
Pero sus piquetes del sábado y domingo en las carreteras de la Sierra andina, se convirtieron este lunes en una ola de saqueos y destrucción mientras hacían el camino a Quito para la convocatoria del miércoles, en la que tratarán de alcanzar el Palacio presidencial, fuertemente custodiado por fuerzas especiales.
Los manifestantes destruyeron un blindado de transporte de personal a las afueras de la capital, y saquearon varias industrias agroexportadoras y de leche en las provincias de Pichincha y Cotopaxi.
En un comunicado, la Conaie «rechazó» y «repudió» todos estos actos, que consideró «ajenos a las razones de la movilización nacional» y atribuyó a «la infiltración de agentes provocadores y violentos puestos para deslegitimar la lucha social y provocar caos».
«Las personas que realizan estos actos no pertenecen al movimiento indígena», prosigue la nota, en la que la Confederación asegura tener «una agenda definida organizada y clara».
Ello, a pesar de que miles de miembros del colectivo participaron esta noche en los disturbios en el centro de Quito.
Quizás en un gesto de buena voluntad, los indígenas pusieron en libertad al medio centenar de policías y militares que tenían retenidos desde el sábado, según informó el canal Ecuavisa.
Mientras, la situación de caos ha llevado al Gobierno, ahora con sede en Guayaquil, a clausurar nuevamente las clases este martes, en tanto que el Ministerio de Energía suspendió las operaciones en tres campos petroleros en la Amazonía.
«Han sido suspendidas debido a la toma de las instalaciones por grupos de personas ajenas a la operación», explicaba el Ministerio en un comunicado.
Moreno, que no está dispuesto a revertir sus recortes para calmar a los grupos sociales, vive los días más dramáticos de su gobierno desde que llegó a la presidencia en mayo de 2017.
Como única consolación, quizás el apoyo que ha recibido de la Corte Constitucional a su decisión de declarar el estado de excepción, si bien los jueces recortaron su validez de sesenta a treinta días.
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