El 15 de agosto, los abogados que representan a TikTok y su empresa matriz con sede en China, ByteDance, compararon a la empresa con medios como Politico, Business Insider y otros que publican en el mercado estadounidense al argumentar que una prohibición o venta forzada de la empresa sería inconstitucional.

A principios de este año, el presidente Joe Biden promulgó una ley que inició una cuenta regresiva para el próximo mes de enero que requiere que ByteDance venda la aplicación a una empresa no china o que se le prohíba en Estados Unidos. ByteDance demandó, argumentando que la nueva ley violaba la Primera Enmienda y era inconstitucional.

Un tribunal federal falló en contra de ByteDance y no encontró la nueva ley inconstitucional.

El tribunal federal dictaminó que TikTok y ByteDance no tenían protecciones de la Primera Enmienda porque no eran entidades estadounidenses, sino «organizaciones extranjeras que operan en el extranjero» u organizaciones propiedad de ellas. Los peticionarios ahora están argumentando que, por esta lógica, «un periódico estadounidense que vuelve a publicar el contenido de una publicación extranjera, Reuters, por ejemplo… carecería de protección constitucional», eludiendo el hecho de que las empresas de medios de comunicación utilizadas como ejemplos no están controladas por adversarios extranjeros.

ByteDance apeló y los argumentos orales en el tribunal de apelaciones están programados para el 16 de septiembre.

«¿Cree seriamente el gobierno, por ejemplo, que Politico [propiedad de una empresa alemana] no tiene derechos de la Primera Enmienda?», dice el resumen. «Seguramente, las empresas estadounidenses que publican Politico, Fortune y Business Insider no pierden la protección de la Primera Enmienda porque tienen propiedad extranjera».

La ley no prohíbe a las empresas con propiedad extranjera; en su lugar, prohíbe que una «aplicación controlada por adversarios extranjeros» opere en Estados Unidos.

El representante Mike Gallagher (R-Wisc.) y el representante Raja Krishnamoorthi (D-Ill.), presidente y miembro de alto rango de un Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino (PCCh), presentaron el proyecto de ley por primera vez en marzo. El proyecto de ley se refiere al PCCh como un adversario extranjero según lo definido por el Congreso en el Título 10. Esto incluye los regímenes de Corea del Norte, el PCCh, Rusia e Irán.

Gran parte del argumento de ByteDance depende de la presunción de que el gobierno debe demostrar que el adversario extranjero, en este caso el PCCh, también controla el contenido de TikTok, mientras que el gobierno argumenta que la ley no requiere esto.

¿Dónde están los datos?

El Congreso presentó la ley para proteger a los estadounidenses de las aplicaciones que están controladas por adversarios extranjeros, citando preocupaciones de seguridad nacional si los datos de los estadounidenses fueran utilizados por una entidad como el PCCh.

TikTok y ByteDance argumentaron que ni la aplicación ni la empresa matriz están «domiciliadas en» China, que el algoritmo de recomendación reside en Estados Unidos y no en China, y que los datos de los usuarios residen «no en China, sino en la nube segura de Oracle».

Los peticionarios argumentan que el gobierno no ha mostrado ninguna prueba de que los datos se compartan con Beijing y que el acto apunta y selecciona injustamente la aplicación TikTok.

Pero ya sea que TikTok haya compartido o no datos con el PCCh, China ha actualizado su ley de contraespionaje para exigir a las empresas de China, incluso a las empresas extranjeras, que entreguen sus datos. ByteDance no tendría protecciones para entregar datos si el régimen lo solicitara, incluso si las leyes del país del usuario hicieran que fuera ilegal hacerlo.

En junio pasado, el Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad advirtió específicamente a los estadounidenses y a las empresas estadounidenses en China sobre la amplia ley de contraespionaje.

En marzo, después de la introducción del proyecto de ley  de TikTok, el Congreso también aprobó un proyecto de ley para prohibir la venta de datos de los estadounidenses a adversarios extranjeros, tras una orden ejecutiva que autorizó al Departamento de Justicia a evitar «la transferencia a gran escala de los datos personales de los estadounidenses».

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