Cuando el presidente Joe Biden presentó al Congreso su solicitud de presupuesto para el año fiscal 2023, de 5.8 billones de dólares, el 12º informe anual de La verdad en la contabilidad (TIA, por sus siglas en inglés) sobre el «estado financiero de la Unión» tenía apenas tres semanas.
Pero después de leer el proyecto de presupuesto de 149 páginas de Biden, la fundadora y directora ejecutiva de TIA, Sheila Weinberg, se dio cuenta rápidamente de que el informe sobre el estado financiero de la Unión de 2022 de su grupo ya era obsoleto.
Al analizar el Informe Financiero del Gobierno de Estados Unidos para el año fiscal 22, publicado en febrero, los contadores y analistas fiscales de la TIA calcularon que la deuda del gobierno federal era de 133 billones de dólares, y que cada uno de los contribuyentes del país soportaba una «carga de contribuyente» de 836,000 dólares.
Después de que Biden diera a conocer su propuesta de presupuesto, la TIA revisó al alza su cálculo de la deuda del gobierno federal hasta los 141 billones de dólares, con lo que cada uno de los contribuyentes de la nación soporta ahora una «carga de contribuyente» de 919,000 dólares.
En esencia, la solicitud presupuestaria de Biden impuso instantáneamente un aumento de impuestos federales de 83,000 dólares per cápita a los ciudadanos de la nación sujetos a impuestos, según la TIA.
«La gente en Washington, D.C., parece haber renunciado totalmente al concepto de responsabilidad fiscal», dijo Weinberg a The Epoch Times. «La responsabilidad fiscal ha muerto. La ‘nueva normalidad’ son los déficits de un billón de dólares».
Pero incluso esa «nueva normalidad» es el mismo humo y espejos de siempre, dijo, señalando que el «déficit» de 1 billón de dólares presentado en los presupuestos es el gasto anual proyectado frente a los ingresos previstos, no una contabilidad transparente de la deuda pública total, que incluya los «pasivos no financiados» en las pensiones de los empleados públicos y otras obligaciones de deuda.
«Lo que la gente no sabe», dijo, «es que la deuda total del gobierno federal es de 141 billones de dólares».
Weinberg, contadora pública con más de 40 años de experiencia en finanzas públicas, fundó TIA, con sede en Chicago, en 2002.
El grupo se ha establecido entre los grupos de vigilancia del gobierno y del gasto al insistir en que se incluyan —y se cuenten— todos los pasivos al analizar los presupuestos, y al desglosar luego los gastos frente a los ingresos para calcular la «carga de los contribuyentes» a nivel federal y estatal, y en 75 de las mayores municipalidades del país.
El análisis de la TIA sobre el estado financiero de los estados en 2021 se publicó en septiembre y en mayo publicará su actualización anual de la «carga de los contribuyentes», dijo Weinberg.
Los cálculos de la TIA han sido frecuentemente rechazados por las agencias gubernamentales y otros expertos en contabilidad forense por considerarlos excesivamente simplificados.
Entre las críticas, especialmente en lo que se refiere a los cálculos de la TIA de la deuda de las pensiones de los empleados públicos y las prestaciones de los jubilados, está el hecho de que no tiene en cuenta los periodos de amortización incorporados en los presupuestos.
Texas, por ejemplo, considera que la deuda de las pensiones es «saludable» si todo lo que se «debe» puede pagarse a través de los rendimientos de las inversiones y las contribuciones en un periodo de 31 años. Georgia exige un periodo de amortización de 25 años.
Pero Weinberg sostiene que se trata de un «truco de contabilidad» que permite a los gobiernos acumular deuda elaborando presupuestos a base de «caja» y a los políticos ser elegidos en base a una inmerecida perspicacia fiscal.
«La razón por la que el gobierno no incluye [todos los pasivos] en sus cifras de deuda es que no ven, no cuentan, nada más allá de los cheques que se emiten» en ese presupuesto, dijo, lo que significa que «esas cifras del otro lado del balance» simplemente se excluyen en los presupuestos anuales.
Según el informe completo de la TIA sobre las finanzas del gobierno federal al final del año fiscal 22, que fue el 30 de septiembre de 2021, la «condición financiera de Estados Unidos empeoró en casi 19 billones de dólares», con sus pasivos no financiados —»¿qué pasaría si todas las facturas vencieran?»— superando los 141 billones de dólares.
La TIA cita dos fuentes principales de esta deuda no contabilizada: 58.1 billones de dólares en Medicare y 45.4 billones de dólares en «promesas» de la Seguridad Social que «el gobierno no ha reservado ningún dinero para financiar».
Los 5 billones de dólares en paquetes de ayuda y recuperación de la pandemia aprobados por el Congreso en 2020 y 2021 también «tuvieron un impacto negativo en la salud fiscal del gobierno federal el año pasado», afirma la TIA.
«Al igual que todos los gobiernos estatales y locales, el gobierno federal asumió costes adicionales y tuvo que pedir más dinero prestado para hacer frente a la pandemia».
En su análisis de los gastos federales del año fiscal 22, la TIA documenta que se gastaron 7.4 billones de dólares en servicios de salud y humanos, defensa y asuntos de veteranos, Seguridad Social, educación y otros gastos, incluidos los intereses de la deuda.
Esos 7.4 billones de dólares gastados son significativamente más que los 4.3 billones de dólares de ingresos recaudados por el gobierno federal a lo largo del año.
«El sistema ahora es insostenible», pero los funcionarios elegidos en el Congreso permiten que siga siéndolo porque, tarde o temprano, la realidad fiscal obligará a tomar decisiones por defecto, dijo Weinberg.
«Ahora mismo, han prometido pagar 141 billones de dólares y no tienen un plan sobre cómo van a pagar esas prestaciones», dijo, lo que significa que, por defecto, «el plan ahora mismo es recortar las prestaciones».
«Critican a la gente que propone arreglar la Seguridad Social y Medicaid», continuó Weinberg, «pero el plan ahora mismo es recortar las prestaciones porque el sistema es insostenible y no están haciendo nada para arreglarlo».
«De hecho, están doblando la apuesta».
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