El primer ministro de Australia, Scott Morrison, declaró que su gobierno no está considerando la posibilidad de imponer sanciones contra Beijing en respuesta a la legislatura del régimen comunista chino, el Congreso Nacional Popular (NPC), por aprobar la ley de seguridad contra Hong Kong.
Morrison dijo en una conferencia de prensa después de la reunión del gabinete nacional el viernes, que las sanciones «actualmente no son un asunto que esté en manos del gobierno» y que no están «en consideración».
En relación al tema destacó que el gobierno federal emitió «varias declaraciones» sobre el asunto y lo ha hecho «en conjunto con varios países de ideas afines».
«Esto establece la posición muy clara y coherente del gobierno con respecto a la Ley Básica (de Hong Kong) y lo que nosotros consideramos como la desviación de esos principios que han sido ampliamente contemplados como el proceso de «un país, dos sistemas»», dijo.
Además manifestó que el gobierno estaba preocupado por el «gran número de residentes australianos» que actualmente residen en Hong Kong, a los que estaría dispuesto a proporcionarles «apoyo» durante los disturbios civiles.
El miembro del Parlamento federal de Australia nacido en Hong Kong, Gladys Liu, emitió una declaración el 28 de mayo. «Como alguien que nació y se crió en Hong Kong, me entristece la violencia actual y me preocupan las leyes propuestas».
«La elaboración de una ley de este tipo en nombre de Hong Kong, sin la participación directa de su pueblo, el poder legislativo o el poder judicial, socavaría claramente el principio de ‘Un país, dos sistemas’, en virtud del cual se garantiza a Hong Kong un alto grado de autonomía», dijo Liu.
«He apoyado sistemáticamente los principios de autonomía que han garantizado la estabilidad y la prosperidad de Hong Kong y que son fundamentales para mantener la confianza internacional y empresarial en Hong Kong», añadió la parlamentaria.
La ministra de Asuntos Exteriores australiana, Marise Payne, junto con sus homólogos de Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, emitieron a su vez una declaración conjunta la mañana del 28 de mayo, condenando la aprobación de la ley por parte del CNP.
También el 23 de mayo, la ministra Payne, junto con sus homólogos de Canadá y el Reino Unido, emitieron una declaración inicial en respuesta al anuncio de los dirigentes chinos sobre el proyecto de ley de seguridad.
En tanto, en Hong Kong, las protestas provocadas por el controvertido proyecto de ley de seguridad han resurgido. El paso del proyecto de ley del NPC pasó por alto el Consejo Legislativo de Hong Kong, que tradicionalmente ha sido el órgano legislativo de la ciudad.
El proyecto de ley de seguridad, aunque poco detallado, alude a dar al NPC autoridad para legislar sobre Hong Kong en relación con supuestas actividades que podrían «dividir el país, subvertir el poder del Estado, organizar y llevar a cabo actividades terroristas».
Una lectura amplia de estas leyes implica que Beijing tiene la autoridad para hacer cambios en el marco de «Un país, dos sistemas», que sustenta los derechos civiles en la ciudad.
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