El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, acudió este lunes a la sede del Ministerio Público para declarar por la investigación preliminar abierta por las muertes en las protestas antigubernamentales que sacuden el país y que suman más de 60 fallecidos.
Según confirmaron a EFE fuentes de la Fiscalía peruana, Otárola llegó alrededor de las 15.00 hora local (20.00 GMT) a la sede central del Ministerio Público, donde había sido citado a declarar en la pesquisa preliminar abierta por posible «genocidio», homicidio calificado y lesiones graves.
Aunque esta investigación preliminar también abarca a la presidenta Dina Boluarte y a otros de sus ministros, la convocatoria de esta jornada era exclusiva para Otárola, siempre según las mismas fuentes.
La Fiscalía de la Nación (general) anunció el pasado 10 de enero la apertura de esta investigación preliminar contra Boluarte, Otárola, y los ministros de Interior y Defensa, Víctor Rojas y Jorge Chávez, respectivamente.
Asimismo, contra el ex primer ministro Pedro Angulo y el extitular de la cartera de Interior César Cervantes, quienes integraron en diciembre el primer gabinete de Boluarte.
La investigación es por los delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho», precisó el Ministerio Público.
Boluarte ya tenía en curso una primera investigación preliminar por los fallecidos registrados en las manifestaciones de diciembre último, escasos días después de que juró al cargo por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo por haber dado un fallido golpe de Estado.
El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
En varias ocasiones, Otárola aseguró que el Ejecutivo está brindando todas las facilidades al Ministerio Público y pidió que exista la misma celeridad en los procesos contra los responsables de los actos violentos en las protestas antigubernamentales.
Desde que arrancaron en diciembre pasado, las movilizaciones han cobrado la vida de más de 60 personas, 45 de ellas en enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes.
A estas víctimas se suman nueve decesos en sucesos relacionados con los paros, según datos de la Defensoría del Pueblo, y dos muertes ocurridas en la norteña región de La Libertad, confirmadas por la Policía.
Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportó la muerte de cuatro haitianos que no pudieron recibir asistencia médica por los bloqueos de carreteras y Unicef la de un bebe nonato, cuya madre, embarazada de 7 meses, no llegó a tiempo al hospital.
Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones para 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente.
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