Hoy se cumplen más de 100 días de estado de excepción en El Salvador que ha dejado al menos 56 muertos y más de 2000 denuncias por violación a los derechos, según fuentes del Instituto de Medicina Legal (IML) y la organización local de derechos humanos «Cristosal». Mientras, el gobierno de Nayib Bukele dice que logró quitar más de 43,000 criminales de las calles.
El 27 de marzo la Asamblea Legislativa del país aprobó a petición del presidente Nayib Bukele un régimen de excepción para librar una “guerra contra las pandillas”. Desde entonces las fuerzas de seguridad del país suman 43,567 detenciones de pandilleros, y «Cristosal» dice que recibió al menos 2,262 denuncias de violación de derechos.
Varias organizaciones de DD. HH. han criticado la medida del gobierno y expertos han señalado que el régimen de excepción es “innecesario”.
También se han registrado al menos 409 hábeas corpus—un procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que determine la legalidad del arresto—ante la Corte Suprema de Justicia.
Aunque en menor escala, los homicidios continúan durante el estado de excepción. La Policía Nacional Civil a fines de abril informó de 22 homicidios, en mayo se reportaron 15 homicidios, y en junio se reportaron 25.
A fines de junio, la directora de Investigación en Derechos Humanos de Cristosal, Rina Montti, dijo que la persistencia del régimen de excepción en El Salvador no ha detenido el fenómeno del desplazamiento forzado por violencia.
«Vemos que el régimen de excepción no ha parado los desplazamientos forzados internos», dijo Montti en una conferencia de prensa. «La mayor parte de ellos están siendo desplazados por acciones vinculadas a las pandillas, mayoritariamente la Mara Salvatrucha y el Barrio 18».
La investigadora de Cristosal, Zaira Navas, denunció recientemente que la causa de muerte en algunos de los detenidos ha sido cambiada al momento de informar a los familiares y en varias ocasiones no coincide la causa de muerte registrada en los reportes hospitalarios con la justificación presentada en el informe oficial, “y lo más grave”, dice, es que en algunos casos no se han realizado autopsias, que por ley deberían hacerse dadas las circunstancias de las muertes.
Una encuesta independiente de junio realizada por el Instituto Universitario de Opinión Publica de El Salvador, reveló que el 88.2 % de los encuestados consideraba que la delincuencia en el país había disminuido, de los cuales 51 % consideró que fue a raíz del régimen de excepción. Solo el 3.1 % consideró que el régimen de excepción es un fracaso por parte del gobierno.
Por su parte Bukele, en abril criticó a las ONG internacionales de «defender a los pandilleros» acusando que «ahora el pueblo salvadoreño estará claro de quiénes han estado detrás del derramamiento de sangre de sus familiares y amigos».
Durante su discurso de tercer año de gobierno Bukele, el 1 de junio, aseguró que en tres años han habido 128 días sin homicidios, haciendo la comparación con los cinco años del gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), señalando «que no hubo un solo día sin homicidios», y en los gobiernos anteriores de los expresidentes Mauricio Funes (2009-2014) y Elías Antonio Saca (2004-2009), «solo hubo un día» sin homicidios en 10 años.
Con información de EFE y VOA.
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