La Justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para seis de los diez detenidos por el estallido de dos coches bomba en Quito, informó este viernes la Fiscalía General del Estado.
El jueves se instaló la audiencia de calificación de flagrancia contra los seis aprehendidos, presuntamente relacionados con la explosión de un coche en el sector de La Mariscal, en Quito, hecho ocurrido unas dos horas antes de la explosión de un segundo vehículo.
De acuerdo a la Fiscalía, acogiendo su pedido motivado, un juez ordenó la prisión preventiva para los seis procesados por el delito de terrorismo, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, y la instrucción fiscal durará 30 días.
Cinco de los seis detenidos por la primera explosión son ecuatorianos y uno colombiano.
Las autoridades informaron el jueves que tras la explosión del segundo coche bomba se detuvo a otras cuatro personas por su presunta relación con el hecho.
El comandante general de la Policía, Fausto Salinas, ha señalado que una de las hipótesis que manejan dentro de la investigación es que detrás está una banda criminal que quiere exhibir su poder tras las intervenciones realizadas por las fuerzas estatales en las cárceles para desarmar a estos grupos que controlan internamente las prisiones.
También sopesan que puedan estar motivados como protesta por una serie de traslados de presos que fueron cambiados de prisión.
Los dos coches bomba estallaron cerca de edificios vinculados al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), el departamento estatal encargado del control y administración de las cárceles de Ecuador.
El primero estalló la noche del miércoles frente a un edificio del Gobierno donde antes funcionaban oficinas del SNAI, mientras que el segundo explosionó en la madrugada del jueves frente a otro inmueble con oficinas del mismo organismo estatal.
Ninguno de los dos estallidos causó víctimas.
De acuerdo a las autoridades, algunos de los detenidos tienen antecedentes por robo, tenencia ilegal de armas, asesinato y asociación ilícita.
Tres de los detenidos habían sido aprehendidos hace dos meses y dejados en libertad posteriormente, y hace quince días habían vuelto a ser capturados por su presunta relación con el robo de un camión en Quito, pero la causa fue archivada, según el ministro del Interior, Juan Zapata.
Para el titular de la cartera de Interior, las explosiones son «acciones calificadas como terroristas porque buscan infundir en la ciudadanía terror, pánico y miedo».
Motines en cárceles
Los coches bombas se dieron después de una intervención de Policía y Fuerzas Armadas en la cárcel de Latacunga, a unos 70 kilómetros al sur de Quito, donde unos 2200 policías y militares ingresaron para realizar una requisa donde hallaron 49 armas blancas y dos chalecos antibalas, entre otros objetos prohibidos dentro de la prisión.
El operativo se enmarcó dentro del estado de excepción decretado por el Gobierno desde finales de julio en el sistema penitenciario nacional y siguió a otras intervenciones realizadas semanas atrás en el complejo carcelario de Guayaquil, donde hallaron un arsenal de guerra en poder de los presos con fusiles, granadas y explosivos.
Con estas requisas, el Gobierno busca desarmar a las bandas criminales que controlan internamente los centros carcelarios y detener la serie de masacres que, por enfrentamientos entre estos grupos, han dejado más de 400 presos asesinados desde el año 2020.
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