La justicia española ha procesado al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exvicepresidente del Gobierno español Rodrigo Rato, por posibles delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y presunta elusión fiscal.
En el auto conocido este lunes, el juez Antonio Serrano-Arnal procesa además a otras dieciséis personas, físicas y jurídicas, tras concluir la instrucción del caso que desde 2015 investiga el origen del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno español.
Entre las conductas bajo sospecha se encuentran los contratos publicitarios de la entidad bancaria Bankia durante el mandato como presidente de Rato, origen del presunto delito de corrupción entre particulares, y por los que figuran como procesados el exdirigente del FMI y las otras personas, incluidas las agencias Zenith y Publicis.
En junio de 2011 la sociedad Albisa Inversiones, controlada por Alberto Portuondo (considerado uno de los supuestos testaferros de Rato) y Kradonara 2001, epicentro de la actividad empresarial del exvicepresidente del Gobierno español, firmaron un contrato de asesoramiento cuyo objetivo era prestar «unos supuestos servicios de consultoría» por una cantidad mensual mínima de 40,000 euros.
Pero el juez considera que esas facturas «no se correspondían con una prestación real» de consultoría «sino que eran el conducto (…) para abonar a Rato su parte en las comisiones obtenidas por Portuondo de Zenith y Publicis» a raíz de los contratos de publicidad que firmaron con Bankia en aquella época.
Por otra parte, el presunto delito de blanqueo de capitales corresponde a una investigación iniciada en 2006 por la Agencia Tributaria, sobre la repatriación a España de fondos y en la que figuran como imputados, entre otros, Rato.
Y respecto al delito fiscal, de los informes elaborados por la Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, el magistrado deduce que las cuotas defraudadas por Rato ascienden a 3,6 millones de euros (unos 4,3 millones de dólares al cambio actual).
Rato, que después de ser vicepresidente del Gobierno español (1996-2004) y director gerente del FMI (2004-2007) fue presidente de las entidades financieras españolas Caja Madrid y Bankia, se vio inmerso en los últimos años varios procesos judiciales.
Además del procesamiento de hoy, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida en un caso de tarjetas bancarias opacas a la hacienda pública, aunque está en libertad condicional desde el pasado 12 de febrero, tras valorar el juez su edad, comportamiento y la «antigüedad» de los hechos por los que ingresó en prisión, el 25 de octubre de 2018.
Asímismo fue absuelto en septiembre de 2020 por la supuesta salida fraudulenta a bolsa de Bankia, aunque el caso aún está pendiente de los recursos de varias acusaciones.
Fue destituido de su último cargo, presidente de Bankia, en 2012 cuando la entidad fue parcialmente nacionalizada, tras recibir 22,000 millones de euros en ayudas públicas para cubrir un gran agujero contable.
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