El Tribunal Superior de Londres confirmó este miércoles que el proceso de extradición de Julian Assange proseguirá el 20 de mayo luego de que Estados Unidos haya presentado la información que se le requirió en forma de garantías sobre su tratamiento en ese país.
Los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson indicaron en una orden judicial que, tras haberse recibido el martes esa documentación pendiente, se programa para el día 20 una audiencia de dos horas en la que podrán ser examinadas esas garantías, que el equipo de Assange ya condenó como insuficientes.
Si el tribunal las da finalmente por buenas tras escuchar los alegatos de las partes, Assange podrá ser extraditado a EE.UU., que lo reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones en su portal WikiLeaks.
Si en cambio las rechaza, el australiano de 52 años podrá recurrir en otro proceso judicial su entrega —aprobada por el gobierno británico en 2022— en base solo a esos tres puntos, después de que la corte descartara el 26 de marzo el resto de sus argumentos.
Washington tenía hasta el 16 de abril para ofrecer garantías satisfactorias en tres aspectos.
En primer lugar, que, de ser extraditado, le garantizará, pese a ser extranjero, poder invocar en su defensa la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión.
Los magistrados también pidieron confirmación de que no se verá perjudicado en un eventual juicio por su nacionalidad y que no se le impondrá la pena de muerte, prohibida en el Reino Unido.
En su comunicación remitida al tribunal, el gobierno de Estados Unidos asegura que, si Assange es extraditado, «no se verá perjudicado por razón de su nacionalidad en relación a la defensa que elija plantear en el juicio o de cara a la sentencia».
«Concretamente, podrá plantear e intentar ampararse durante el juicio —lo que incluye cualquier audiencia para sentencia— en los derechos y protecciones que ofrece la Primera Enmienda», dice, si bien detalla que la decisión sobre si ésta se le aplica «corresponde exclusivamente a las cortes de EE.UU».
También mantiene que «no se pedirá ni se le impondrá la pena de muerte», pues, según la nota diplomática, el programador informático no está acusado de ningún delito castigado con la pena máxima.
Stella Assange, esposa del acusado y madre de sus dos hijos menores, dijo el martes que en realidad la supuesta garantía sobre la Primera Enmienda se trata de una «no garantía».
La abogada sueco-española lamentó que Washington no retirara explícitamente la declaración hecha tiempo atrás por la Fiscalía del país de que Julian Assange no podrá ampararse en esa disposición constitucional fundamental por no ser estadounidense.
«Estados Unidos se ha limitado a ofrecer palabras engañosas al afirmar que Julian puede ‘intentar plantear’ la Primera Enmienda», sin la certeza sobre si ello será admitido, declaró en X.
Stella, de 40 años, señaló que la nota de Estados Unidos «no hace nada para aliviar la extrema angustia» de la familia sobre el futuro del periodista.
La abogada reiteró su petición a la Administración de Joe Biden de que retire los cargos contra su marido, como ya lo hizo la Administración de Barack Obama que posteriormente revirtió en 2019 Donald Trump.
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