Una profesora de Kansas ha recibido una indemnización de 95,000 dólares tras ser suspendida por su antiguo empleador por negarse a utilizar el nombre y pronombre preferidos de una alumna.
Pamela Ricard, quien había enseñado matemáticas en la Escuela Secundaria Fort Riley antes de jubilarse en mayo, fue suspendida tres días por la escuela en abril de 2021 y recibió una amonestación formal por escrito ese mismo mes por «dirigirse a una estudiante biológicamente femenina por el apellido legal y registrado de la estudiante», según una demanda que Ricard presentó en marzo contra los funcionarios de la escuela (pdf).
En un comunicado del 31 de agosto, Alliance Defending Freedom anunció que los funcionarios de la Escuela Secundaria Fort Riley “acordaron pagar 95,000 dólares en daños y honorarios de abogados por violar los derechos de la Primera Enmienda de una profesora de matemáticas al reprenderla y suspenderla por dirigirse a un estudiante por su apellido legal y matriculado y obligarla a ocultar la transición social del estudiante a sus padres».
Los abogados de Alliance Defending Freedom y Kriegshauser Ney Law Group representaron a Ricard en su demanda.
Como parte del acuerdo, los directivos escolares acordaron emitir una declaración de que Ricard estaba en buenas condiciones sin ninguna acción disciplinaria contra ella en el momento en que se retiró en mayo, anunció Alliance Defending Freedom en un comunicado.
Debido al acuerdo, los abogados de Alliance Defending Freedom presentaron una desestimación (pdf) del caso el 31 de agosto.
Apelación denegada por la junta escolar
Según el relato de los hechos, un consejero escolar le envió un correo electrónico a Ricard a principios de abril de 2021 para decirle que un estudiante le pidió al consejero escolar que le dijera a Ricard que se refiriera a ellos por su nombre de pila preferido y los pronombres él/ella, que difieren del sexo biológico femenino del alumno y del nombre inscrito.
Después del correo electrónico, Ricard decidió referirse a la estudiante como “Señorita [apellido legal]” y fue disciplinado por la escuela por hacerlo con una suspensión de tres días y una reprimenda. Ella apeló la disciplina en julio ante el superintendente y la Junta Escolar de las Escuelas del Condado de Geary USD 475.
En una audiencia de la junta a puerta cerrada en agosto de 2021 sobre su disciplina como empleada, Ricard dijo que su decisión de usar «señorita [apellido legal]», en lugar de usar el nombre de pila preferido de la estudiante, tenía «la intención de ser respetuosa con la estudiante sin comprometer la propia conciencia y las creencias religiosas de la Sra. Ricard».
En la audiencia, Ricard también solicitó una exención religiosa, preguntando si podía seguir dirigiéndose a los estudiantes por sus nombres, pero absteniéndose de utilizar pronombres preferidos u otro lenguaje específico de género cuando no coinciden con el sexo biológico del estudiante.
El 7 de septiembre de 2021, la junta escolar votó por unanimidad para denegar la apelación disciplinaria de Ricard, así como para denegar su solicitud de exención religiosa. En la misma audiencia, los miembros de la junta “adoptaron una nueva política en todo el distrito que exige expresamente el uso de los nombres y pronombres preferidos de los estudiantes”.
Derechos de la Primera Enmienda
Los abogados de Ricard declararon en la demanda que cualquier política que requiera que ella se refiera a un estudiante con un «pronombre de género, no binario o plural… u otro lenguaje de género que sea diferente del sexo biológico del estudiante» viola activamente sus creencias religiosas.
«La Sra. Ricard es cristiana y tiene creencias religiosas sinceras y genuinas con la comprensión cristiana y bíblica tradicional de la persona humana y el sexo biológico. La Sra. Ricard cree que Dios creó a los seres humanos como hombres o mujeres, que este sexo está fijado en cada persona desde el momento de la concepción y que no puede cambiarse, independientemente de los sentimientos, deseos o preferencias de cada persona», dice la demanda.
La demanda afirmaba que los directivos escolares “han tomado represalias contra la Sra. Ricard por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda, incluido su derecho a no ser obligada a participar en un discurso o expresión en particular, han violado sus derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la religión, han violaron la doctrina de las condiciones inconstitucionales, la han privado del debido proceso y de la protección de la ley en condiciones de igualdad, y han incumplido su contrato con ella.
«Por lo tanto, esta acción se refiere a la denegación de los derechos fundamentales y claramente establecidos de la Sra. Ricard en virtud de las cláusulas de libertad de expresión y de libre ejercicio de la Primera Enmienda, la doctrina de las condiciones inconstitucionales y las cláusulas de debido proceso e igual protección de la Decimocuarta Enmienda».
Alliance Defending Freedom elogió el acuerdo como “una victoria para la libertad de expresión en las escuelas públicas”.
“Ningún distrito escolar debería obligar a los maestros a engañar deliberadamente a los padres o participar en cualquier discurso que viole sus creencias religiosas profundamente arraigadas”, dijo Tyson Langhofer, abogado principal de Alliance Defending Freedom en un comunicado.
“Nos complace resolver este caso favorablemente en nombre de Pam, y esperamos que anime a los distritos escolares de todo el país a apoyar la libertad constitucionalmente protegida de los maestros para enseñar y comunicarse honestamente con los niños y los padres”.
The Epoch Times se puso en contacto con Reginald Eggleston, el superintendente del Distrito Escolar del Condado de Geary, y Kathleen Brennan, directora de la escuela secundaria Fort Riley, para solicitar comentarios. El Distrito Escolar del Condado de Geary se negó a comentar cuando The Hill lo contactó.
El caso es Ricard vs. USD 475 Miembros de la Junta Escolar de las Escuelas del Condado de Geary, No. 5:22-cv-04015.
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