Un espectáculo de ballet de la Universidad de Cincinnati parecía «un festival de tocamientos», según una demanda por acoso sexual, en la que se alega que un estudiante de danza masculino tocó repetidamente a las bailarinas de forma inapropiada durante los ensayos y las actuaciones.
La demanda federal también alega que el programa de ballet de la Universidad de Cincinnati (UC) “no tomó las medidas adecuadas” para garantizar que las bailarinas estuvieran protegidas.
La demanda federal, presentada el 30 de junio en nombre de dos bailarinas, alega que los funcionarios de la UC y su Conservatorio Universitario de Música (CCM) trataron las quejas de las mujeres con “indiferencia deliberada” y violaron el Título IX.
El programa de ballet de la Universidad de Cincinnati se negó a dar comentarios.
Esa ley de derechos civiles de EE.UU., que prohíbe la discriminación basada en el sexo en los programas educativos financiados con fondos federales, ha estado en vigor durante medio siglo.
Los administradores de la UC y CCM están acusados de proteger a “un bailarín de ballet masculino ‘estrella’ a expensas de numerosas bailarinas de ballet” y de crear “un ambiente en el campus que era hostil para las mujeres y que generó un riesgo elevado de que fueran objeto de acoso sexual”, según la demanda.
El documento omite los nombres de las mujeres que presentaron la demanda, así como el nombre del bailarín acusado.
Los tres eran estudiantes del CCM.
La demanda alega que el bailarín masculino tocó de forma inapropiada los pechos de ambas mujeres durante las «elevaciones» y bajó a una de las bailarinas muy lentamente, de forma que ella sintió su zona privada «deslizarse por su espalda», de tal forma que «quiso saltar físicamente de sus brazos».
El caso del ballet de la UC se suma a “una controversia nacional continua” sobre la forma en que los colegios y universidades estadounidenses responden a las acusaciones de conducta sexual inapropiada y agresiones sexuales, dice la demanda.
También encaja en un «patrón emergente» de demandas del Título IX que alegan que los procedimientos para procesar quejas fueron injustos, lo que provocó que las universidades tomaran una decisión equivocada, dijo KC Johnson, un académico y autor que ha estado siguiendo los casos del Título IX durante más de una década.
Johnson, profesor de historia en el Brooklyn College y de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, dijo que no tenía conocimiento de ninguna otra demanda del Título IX que involucrara al ballet en una universidad.
A diferencia de los equipos deportivos de los campus, que están segregados por género, el ballet requiere una interacción física de género mixto, señaló Johnson, lo que se suma a la naturaleza inusual del caso del ballet de la UC.
El bailarín que fue culpado por contacto inapropiado en la UC afirmó que tal contacto fue accidental, dice la demanda.
Fue declarado “no responsable” por supuesta mala conducta en una audiencia universitaria a principios de este año, un proceso que no siguió la propia política del Título IX de la UC, afirma la demanda.
La universidad supuestamente bloqueó a los testigos que podrían haber declarado sobre el supuesto patrón de interacciones del bailarín con sus contrapartes femeninas, según la demanda.
Los funcionarios de la UC no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Epoch Times el 5 de julio.
Una búsqueda de comentarios de un abogado que asesoró al hombre durante la audiencia universitaria tampoco tuvo éxito.
Joshua Adam Engel, el abogado que presentó la demanda, dijo que sus dos clientas habían estado estudiando ballet durante muchos años, por lo que conocen la diferencia entre un toque incidental no intencional y uno deliberado.
La situación le recordó a Engel una cita de un juez del Tribunal Supremo de EE.UU., el fallecido Oliver Wendell Holmes Jr.: «Hasta un perro distingue entre que le tropiecen y que le den una patada».
Engel también señaló que, cuando sus clientes habían sido sometidos a toques accidentales en el pasado, otros bailarines se disculpaban por la aparente colocación incorrecta de las manos, algo que este bailarín no hizo.
Ambas mujeres han dejado el programa de danza de la UC, dijo Engel.
Engel ha presentado muchos casos del Título IX en todo el país, incluidos otros contra la UC.
Engel ha defendido tanto a los acusadores como a los acusados, dijo.
La base de datos de Johnson de 650 casos del Título IX incluye cinco casos federales contra la UC, “un número inusualmente grande”, agregó.
El bailarín acusado, conocido como “John Doe”, recibió una beca para asistir al CCM.
Fue seleccionado para «papeles favorecidos y estelares en muchas producciones y apareció en un vídeo promocional producido por el Cincinnati Ballet», una compañía de danza profesional, dice la demanda.
Había participado en el programa de extensión comunitaria del Ballet de Cincinnati, que incluye currículo y capacitación en danza para jóvenes.
Otras bailarinas del Ballet de Cincinnati habían acusado a Doe de conducta sexual inapropiada antes de su inscripción en la UC, dice la demanda, al menos una de las cuales “buscó una orden de protección” contra él en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Hamilton.
Por lo tanto, dice la demanda, “las acusaciones contra John Doe eran de conocimiento común en la comunidad de baile de Cincinnati”.
El Ballet de Cincinnati no devolvió de inmediato la llamada telefónica de un reportero y no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios el 5 de julio.
Un instructor de ballet experimentado, que vio un video de una actuación con Doe y una de las bailarinas, fue citado en la demanda diciendo: “Este ballet es un festival de tocamientos. Si hubiera estado entre el público, me habría sentido muy incómodo”.
“Estoy horrorizado con lo que estas jóvenes han tenido que soportar a manos de este colega”.
La supuesta falta de respuesta de la UC a las denuncias de acoso de las mujeres dañó la «reputación académica y profesional» de las mujeres y provocará que las mujeres «disminuyan su capacidad de ingresos, pierdan oportunidades profesionales y comerciales», dice la demanda.
Las mujeres también sufrieron “humillación, vergüenza, inconvenientes, angustia y angustia mental y emocional y otros daños no económicos”, dice la demanda.
Presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Ohio, la demanda busca compensación por daños monetarios no especificados, junto con los costos judiciales, honorarios de abogados y otros gastos.
Hace más de una década, la Universidad de Cincinnati adoptó políticas y procedimientos para responder a las denuncias de agresión sexual en el campus bajo la «presión» de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE.UU., dice la demanda.
En respuesta a una carta de abril de 2011 de esa oficina, que destacaba la importancia de investigar y resolver las denuncias de conducta sexual inapropiada, “muchas escuelas cambiaron sus políticas de agresión sexual y acoso sexual… (y) cambiaron el enfoque hacia la defensa de las víctimas”.
A lo largo de los años, su respuesta a las acusaciones de conducta sexual inapropiada pareció cambiar junto con los cambios en las administraciones presidenciales, dice la demanda.
La administración del presidente Barack Obama “presionó a los colegios y universidades para que prosiguieran agresivamente” las investigaciones de conducta sexual inapropiada en los campus.
En ese momento, “los colegios y universidades, incluida la UC, tenían miedo de ser investigados o sancionados”, lo que podría incluir que el gobierno federal presente demandas o elimine los fondos del Título IX de las instituciones.
Después de que el presidente Donald Trump asumió el cargo, su administración “cambió radicalmente de dirección a favor de los estudiantes acusados”, dice la demanda.
En 2017, el departamento de educación retiró sus advertencias de 2011 y envió una nueva carta a las instituciones. La carta decía que las acciones anteriores “pueden haber sido bien intencionadas, pero… condujeron a la privación de derechos” tanto para los acusadores como para los acusados.
La carta también acusó a muchas escuelas de establecer procedimientos que “carecen de los elementos más básicos de justicia y debido proceso, están abrumadoramente en contra del acusado y de ninguna manera son requeridos por la ley o legislación del Título IX”.
En 2020, el Departamento de Educación de EE.UU. publicó una regla final bajo el Título IX, prescribiendo “un proceso de queja transparente que trata a los estudiantes acusados como inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad… y requiere que la escuela proporcione un proceso de audiencia donde los estudiantes acusados pueden interrogar a los testigos adversos”.
Desde entonces, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva instruyendo al secretario de Educación, Miguel Cardona, a revisar y considerar reescribir la regulación.
A pesar de esos esfuerzos, persiste una “reacción violenta”, dice la demanda, con muchos estudiantes acusados presentando quejas ante la Oficina de Derechos Civiles del departamento de educación.
La demanda afirma que la UC tiene “un patrón” de no tomar en serio las denuncias de las víctimas de agresiones femeninas.
La universidad también ha fallado repetidamente en respetar los derechos de debido proceso de los acusados y los acusadores, dice la demanda.
De hecho, afirma la demanda, las autoridades federales de educación han investigado a la UC “por la forma en que investiga y juzga las denuncias de agresión y acoso sexual”.
El periódico estudiantil, The News Record, informó que la universidad emitió “alertas de delitos” por solo cinco de las 24 violaciones reportadas en el campus durante el periodo entre el 2018 y el 2019, según la demanda.
La UC “ha sido demandada con éxito por varios estudiantes acusados de mala conducta”, dice la demanda, y tanto los tribunales federales como los estatales han encontrado que “la UC ha violado sus propias políticas y los derechos procesales de los estudiantes acusados de mala conducta”.
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