El programa piloto de la ciudad de Nueva York para dar a las familias inmigrantes ilegales tarjetas de débito prepagas para comprar alimentos está bajo escrutinio, ya que un nuevo reportaje encontró que la iniciativa involucra un contrato indefinido que potencialmente podría costarle a la ciudad USD 2500 millones cada año, mucho más que los USD 53 millones anuales que ha prometido el alcalde.
Bajo el programa, impulsado por el alcalde Eric Adams, la ciudad entregará tarjetas de débito prepagas a 500 familias de inmigrantes ilegales con niños, dando a cada participante USD 12.5 por día. Eso se traduce en aproximadamente USD 350 por mes para que una persona gaste en alimentos y artículos para bebés.
Camille Joseph Varlack, jefa de gabinete del alcalde, calificó el programa como una “medida de ahorro de costos”. En una conferencia de prensa llevada a cabo el 5 de febrero, dijo que la ciudad podría “ahorrar” USD 600,000 al mes, o USD 7.2 millones al año, eliminando el desperdicio de alimentos y recortando la mano de obra que antes se necesitaba para entregar alimentos a los hoteles donde se hospedan los inmigrantes ilegales.
“Lo que había estado sucediendo es que cada dos días íbamos al hotel y entregamos comida”, le dijo Varlack a los periodistas. «Entonces, lo que terminó sucediendo es que tienes el costo de la comida en sí, así como el costo de los servicios de entrega».
El Sr. Adams, quien advirtió que la crisis de inmigración ilegal está llevando a su ciudad a un “punto de ruptura”, calificó el plan como “brillante”.
«Tenemos que reciclar este dinero nuevamente en nuestra economía local, porque lo estamos gastando de todos modos», dijo, señalando que los destinatarios de las tarjetas de débito tendrían que firmar una declaración jurada prometiendo usar las tarjetas solo en las tiendas locales.
«Las empresas locales se beneficiarán».
El costo real
Aunque la administración Adams dijo que el programa costaría USD 53 millones al año, una mirada más cercana por parte del New York Post a un contrato firmado entre la ciudad y la compañía encargada de distribuir las tarjetas de débito revela que esto está lejos del costo total real.
Según el Post, la cifra de USD 53 millones es simplemente la tarifa por los servicios de Mobility Capital Finance, o MoCaFi, una firma de banca digital con sede en Newark, Nueva Jersey, fundada por Wole Coaxum, exdirector gerente de JPMorgan Chase, con la misión de cerrar la “brecha de riqueza racial”.
«A cambio de la prestación de los servicios [de MoCaFi]…, la ciudad pagará al contratista una cantidad total que no excederá los 53 [millones de dólares]… de acuerdo con el alcance de los servicios y las tarifas», se lee en el contrato revisado por el Post.
Ese “alcance de los servicios”, como señaló el Post, no incluye el dinero que realmente iría a parar a las tarjetas de débito.
«Después de eliminar varias tarifas que la compañía recibe por imprimir las tarjetas en blanco y demás, la ciudad se ha dado deliberadamente la flexibilidad de desembolsar al menos USD 2500 millones en estas tarjetas de débito prepagas durante un año», dijo Nicole Gelinas, miembro del Manhattan Institute y redactora colaboradora del City Journal, que escribió para el Post.
Preocupación sobre posibles fraudes
Para empeorar las cosas, la ciudad permite que MoCaFi asigne hasta “USD 10,000 por tarjeta” sin implementar ninguna medida de control de fraude, como controles de identificación. El contrato incluso establece que “los titulares de tarjetas no estarán sujetos a verificación de identidad”.
La ciudad también parece querer entregar las tarjetas a personas menores de 18 años, diciendo en el contrato que se asegurará de que “el padre o tutor del titular de la tarjeta menor haya dado su consentimiento para la aceptación y el uso de la tarjeta por parte del menor”.
Sin protecciones incorporadas, un programa de este tipo parece estar lleno de posibilidades de fraude, advirtió la Sra. Gelinas.
“Entonces, los empleados de la ciudad y los trabajadores contratados por los refugios estarán a cargo de entregar tarjetas que se cargarán y recargarán periódicamente con dinero en efectivo imposible de rastrear, a personas que no tienen ninguna forma de identidad aceptable para el sistema de servicios financieros estadounidense, bajo un programa sin política de elegibilidad o verificación”, escribió. «¿Qué puede salir mal?»
La Sra. Gelinas también se mostró en desacuerdo con cómo se seleccionó a MoCaFi para el trabajo en primer lugar. El contrato en sí parece mostrar que el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD) de la ciudad de Nueva York no pasó por el proceso de licitación competitivo habitual antes de adjudicar la tarea a MoCaFi, que figuraba como “un nuevo proveedor de servicios de emergencia”.
Como señaló el Post, el contrato establecía que MoCaFi simplemente “fue remitido al HPD por el Ayuntamiento”, sin ninguna discusión con el concejo municipal ni audiencia pública.
Esta no es la primera vez que la administración Adams contrata a un contratista de “emergencia” que no participa en licitación. En la primavera de 2022, la ciudad otorgó un contrato de USD 432 millones a DocGo para ayudar a administrar hoteles y refugios que albergan y atienden a inmigrantes ilegales. La única experiencia de DocGo en la ciudad fue administrar sitios móviles de prueba de COVID-19 durante la pandemia.
Desde entonces, el desempeño laboral de DocGo ha causado muchas críticas, incluso por parte del Contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, quien inicialmente se negó a firmar el contrato no licitado de USD 432 millones. Según un reportaje del New York Times, DocGo recibió hasta USD 33 por día para proporcionar tres comidas a cada uno de los 4000 inmigrantes ilegales a su cargo. Sin embargo, desechaba diariamente miles de comidas no consumidas, provocando un desperdicio multimillonario.
El Ayuntamiento de Nueva York no respondió a una solicitud de comentarios.
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