La legislación firmada esta semana por el gobernador Newsom crearía un programa de trabajo voluntario para los reclusos de California, condicionado a la aprobación de una medida electoral contra la esclavitud en noviembre.
El Proyecto de Ley de la Asamblea 628 requeriría que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California desarrolle un programa de trabajo y asignaciones para los reclusos en prisiones y cárceles de condados y ciudades que elijan participar.
El proyecto de ley depende de la Enmienda Constitucional de la Asamblea No. 8, que estará en la boleta electoral estatal de noviembre. Si los votantes la aprueban, enmendaría la Constitución de California para prohibir al departamento de correcciones disciplinar a las personas encarceladas por negarse a realizar asignaciones de trabajo.
Sin embargo, la AB628 dará a los reclusos la opción de trabajar mientras estén encarcelados, incluidas asignaciones en ciudades y condados para limpiar junto a las autopistas y responder a incendios de pasto o maleza. También requeriría que los salarios de los reclusos en cárceles de condados y ciudades sean establecidos por ordenanzas locales.
Ambos proyectos de ley fueron redactados por la asambleísta demócrata Lori Wilson.
La Asociación de Profesores de California, un sindicato de universidades estatales con 29,000 miembros, apoyó el proyecto de ley.
“[La asociación de profesores] cree que las personas encarceladas deberían poder elegir trabajos y turnos que les permitan continuar su educación, usar la biblioteca jurídica, recibir asesoramiento y participar en otros programas de rehabilitación que faciliten el crecimiento y la transformación,” escribió el grupo en un análisis de la Asamblea sobre el proyecto de ley en junio.
ACLU California Action también apoyó la medida de la boleta electoral relacionada con la enmienda acompañante de la AB 628 y dijo que terminar con el trabajo forzado de los reclusos “eliminaría los últimos vestigios de la esclavitud de nuestra constitución estatal”.
El proyecto de ley fue aprobado en el Senado el 27 de junio con una votación de 33-2, con solo los senadores republicanos Roger Niello y Kelly Seyarto oponiéndose. Fue aprobado por la Asamblea el mismo día en una votación unánime.
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