El expresidente peruano Martín Vizcarra quedó impedido de salir de Perú por 18 meses – hasta el 12 de mayo de 2022 – a solicitud de la fiscalía que lo investiga por supuestos actos de corrupción, según determinó este viernes la jueza María Álvarez Camacho.
En una audiencia virtual, la magistrada del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente encontró fundado el peligro de fuga que argumentó el fiscal Germán Juárez, quien está a cargo de las pesquisas preliminares sobre los presuntos sobornos entregado a Vizcarra cuando fue gobernador regional de Moquega hace más de seis años.
El abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, manifestó su conformidad con la medida, que se adoptó pese a que ya el jueves el exmandatario había entregado a las autoridades sus pasaportes como señal de que no tenía intenciones de viajar fuera del país.
Durante la audiencia, el fiscal también argumentó que la versión de Vizcarra de que las obras sobre las que se sospecha hubo una entrega de dinero ilegal fueron adjudicadas mediante la intervención de la Oficina de las Naciones Unidas de Desarrollo para Proyectos (UNOPS) no es cierta.
Minutos antes de la resolución judicial, Vizcarra declaró a los periodistas que estaba en desacuerdo con el pedido del fiscal Germán Juárez, pero que se allanaba a la solicitud.
«No saldré del país, «no me voy a internar en una clínica», «no voy a ir a una embajada», «menos me voy a autoeliminar», expresó Vizcarra, en clara alusión al exgobernante Alan García que se suicidó cuando un fiscal llegó a su casa con una orden de detención por los presuntos aportes recibidos de la empresa brasileña Odebrecht.
Vizcarra, quien no ha reconocido el «sustento legal» de su destitución por el Congreso el pasado lunes, agregó que afrontará la investigación preliminar desde su domicilio en Lima.
El ex jefe de Estado explicó que no ha presentado ninguna medida cautelar contra el proceso legislativo que ordenó su destitución porque la que presentó en septiembre, en el primer intento de su vacancia, no fue admitida por el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, el tema de fondo sobre si el Congreso puede destituir a un mandatario por «incapacidad moral», como se aplicó en su caso, aún está por resolverse en el TC la próxima semana.
«Sí queda claro que la situación es bastante compleja en el país», opinó Vizcarra sobre la ola de rechazo que ha generado su salida del Ejecutivo y la asunción del titular del Congreso, Manuel Merino, como presidente de la República.
Vizcarra declaró que «debería haber un cambio completo de actitud del gobierno (de Merino)» porque «el gabinete que ha presentado no tiene cercanía con el sentir de la población» y con sus declaraciones «llama a agravar las cosas».
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