La Proposición 36 de California, una iniciativa popular de lucha contra el crimen, mantuvo una fuerte ventaja en los resultados del 5 de noviembre.
La medida, que aumentaría las penas por algunos delitos de drogas y robo, obtuvo más del 70% de los votos en el 56% de los distritos electorales del estado, según los resultados preliminares no oficiales de la oficina del Secretario de Estado.
Un voto a favor de la Proposición 36 significa que a las personas condenadas por ciertos delitos de drogas o robo se le podrían imponer castigos más fuertes, como penas de prisión más largas.
La iniciativa bipartidista establece penas más duras para los robos en serie en comercios y los robos con fuerza.
También incluye la Ley de Alexandra, una medida que establece advertencias para los presuntos narcotraficantes, tras su detención. Obligaría a las fuerzas del orden a advertirles de que si la droga que suministran provoca la muerte, podrían presentarse cargos de asesinato en su contra.
En algunos casos, los sospechosos que posean drogas ilegales en el momento de la detención deberán someterse a todo un programa de tratamiento o cumplir hasta tres años de prisión.
Si no se aprobara, significaría que el castigo por delitos de drogas y robo seguiría siendo el mismo, de acuerdo con la actual medida estatal Proposición 47, que aprobaron los votantes en 2014.
La coalición detrás de la propuesta -la Asociación de Fiscales de Distrito de California y California para Comunidades más Seguras- dijo que la iniciativa modificaría la controvertida Proposición 47. Y provocaría que los delincuentes reincidentes de robo al por menor y de drogas rindieran más cuentas que hasta ahora. El grupo también afirma que la propuesta se enfoca más en ofrecer un tratamiento que en imponer temporadas en la cárcel para los consumidores y vendedores de drogas.
La Proposición 36 se presentó a las elecciones generales de junio.
La iniciativa fue una de las 10 preguntas de la boleta que los votantes encontraron en las elecciones generales.
El gobernador Gavin Newsom se opuso a la Proposición 36, a pesar de que aparentemente los votantes se muestran a favor de los cambios. Una encuesta de septiembre del PPIC mostró que el 71% de los votantes votarían «sí» a la propuesta.
«Se trata del encarcelamiento masivo (…) y aumentaría los costos para los contribuyentes», dijo Newsom en una conferencia de prensa sobre un tema diferente el 4 de septiembre. “Ese es dinero que dejaremos de tener para otras prioridades de este estado”.
La Oficina del Analista Legislativo del estado, no partidista, también dijo en un informe del 10 de septiembre que la aprobación de la Propuesta 36 podría aumentar la población carcelaria del estado. El número actual de reclusos es de unos 90.000. El informe de los analistas legislativos dijo que ese número podría aumentar en algunos miles de personas.
Los proponentes pidieron a los legisladores que no desanimen a los votantes a apoyar la medida, ya que los problemas de seguridad pública preocupan cada vez más, a lo largo y ancho del estado.
«Esta es una batalla por el futuro de California, y es una batalla por el futuro y la salud de las empresas de California», dijo Greg Totten, presidente del grupo detrás de la iniciativa electoral, a The Epoch Times en una conferencia de prensa el 12 de junio en Sacramento.
Otra partidaria, Gina McDonald, cofundadora de Madres contra la Drogadicción y las Muertes por Drogas, afirmó en una presentación de la campaña que era necesario endurecer los castigos para frenar el narcotráfico en el estado.
«El fentanilo ha matado a demasiadas personas, sin embargo, los traficantes no tienen que pagar las consecuencias», dijo McDonald. «Necesitamos la Proposición 36 porque ningún padre debería tener que enterrar a otro niño que muere intoxicado con fentanilo».
Los opositores, entre los que se cuenta Newsom, dijeron que la propuesta va demasiado lejos.
«El robo al por menor y el fentanilo son problemas reales. Los californianos merecen soluciones reales», escribieron en una declaración de oposición Cristine Soto DeBerry, la directora ejecutiva de Prosecutors Alliance Action; Don Frazier, director ejecutivo de la Reentry Providers Association of California; y David Guizar, cofundador de Crime Survivors for Safety and Justice.
«La Proposición 36 es una falsa promesa, no una solución… [y] reavivará la fracasada guerra contra las drogas, malgastando miles de millones en cárceles y prisiones, y recortando fondos cruciales para la prevención del delito, el tratamiento, las víctimas y la rehabilitación».
Consecuencias imprevistas
La Propuesta 36 revocó algunos aspectos de la ley penal actual que los votantes aprobaron, cuando votaron por la Propuesta 47 en 2014.
Los defensores dicen que la Propuesta 47 produjo algunas consecuencias no deseadas, como el aumento y la repetición de robos organizados al por menor, el cierre de tiendas y que las tiendas comenzaran a encerrar con llave los artículos para evitar que los roben.
La Propuesta 47 –denominada «Ley de Barrios y Escuelas Seguros»– se ha vuelto cada vez más polémica en California a medida que la delincuencia en las tiendas, especialmente los robos estilo flash-mob, se ha vuelto viral.
La ley contra la delincuencia se aprobó después de que en 2009 un tribunal federal ordenara a California reducir el hacinamiento en las cárceles.
Con la Propuesta 47, la población carcelaria y penitenciaria disminuyó drásticamente, al mismo tiempo que se desplomaban las detenciones por delitos de drogas y contra la propiedad.
Algunos delitos se redujeron de delitos graves a delitos menores, y en algunos casos los agentes solo tenían que multar a los infractores. Según el Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC), la propuesta ha reducido la población carcelaria y ha supuesto un ahorro de 800 millones de dólares para el estado.
La propuesta entró en vigor inmediatamente después de su aprobación el 5 de noviembre de 2014.
La ley rebajó la tipificación del hurto a delito menor si el valor de los bienes robados no superaba los 950 dólares. Los delitos de hurto mayor también se redujeron a delitos menores si la propiedad robada no superaba los 950 dólares.
Adquirir bienes robados por valor inferior a 950 dólares también se redujo a un cargo menor, al igual que la falsificación, el fraude, la emisión de cheques sin fondos y el consumo personal de la mayoría de las drogas ilegales.
La vicepresidenta Kamala Harris, que abogó por la aprobación de la Propuesta 47, cuando era fiscal general de California, se negó el domingo a revelar su voto sobre la Propuesta 36.
También se introdujeron cambios en la legislación penal de California durante la pandemia de la COVID-19, que facilitaron la puesta en libertad anticipada de los presos.
El Consejo Judicial del estado, un organismo que crea la política para el sistema judicial del estado, adoptó un programa de fianzas de emergencia para todo el estado que fijaba la fianza en 0 (cero) dólares, para la mayoría de las personas acusadas de delitos menores y delitos graves de menor gravedad. Varios condados instituyeron la política de fianza cero después de la pandemia, optando por convertirla en una política permanente.
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