NUEVA YORK —La Propuesta 1, una iniciativa electoral que ampliaría ampliamente la legislación contra la discriminación en el Estado de Nueva York, ha desatado la polémica y una reacción violenta entre algunas personas que se preocupan por los derechos de los padres.
Si se aprueba, la propuesta modificará el artículo 11 de la Constitución de Nueva York, que actualmente prohíbe tratar a las personas de forma desigual por motivos de raza, color de piel, religión o credo.
Entre las categorías que pasarán a recibir la misma protección figuran la etnia, el origen nacional, el sexo, la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual, el embarazo y los resultados del embarazo, y la atención a la salud reproductiva.
En virtud de la versión ampliada del artículo 11, los empresarios que discriminen o tomen represalias contra personas por razón de estas categorías protegidas enfrentarían a acciones legales.
«Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación de sus derechos civiles por parte de otra persona, empresa, corporación o institución, ni por parte del Estado o de cualquier agencia o subdivisión del Estado, de conformidad con la ley», dice el texto de la propuesta.
Además estipula que nadie podrá tomar ninguna de sus disposiciones para interferir con otras leyes, reglamentos o prácticas que prohíban la discriminación en el empleo.
Partidarios y detractores divergen en cuanto a lo que estos términos significarían en la práctica.
Los primeros aseguran que sería más difícil discriminar a los segmentos vulnerables de la población, mientras que los segundos consideran que el proyecto de ley niega a los padres la posibilidad de opinar sobre decisiones que sus hijos tal vez aún no comprendan completamente.
El proyecto de ley, también conocido como Enmienda de Igualdad de Derechos, fue aprobado por el Senado estatal.
El patrocinador de la medida es el senador del estado de Nueva York Brad-Hoylman Sigal, demócrata que representa al distrito 47 de Manhattan.
En un correo electrónico enviado a The Epoch Times, Hoylman-Sigal criticó a la Corte Suprema diciendo que los jueces «han dejado muy claro que planean criminalizar el aborto y despojar a los estadounidenses LGBT de sus derechos civiles, garantizados por la Constitución de los Estados Unidos si se les da la oportunidad».
«Es imperativo que todos acudamos a las urnas este noviembre y aprobemos la Enmienda por la Igualdad de Derechos de Nueva York».
En un debate celebrado el 23 de octubre, la senadora demócrata en funciones Kirsten Gillibrand mantuvo un agitado intercambio de opiniones con su contrincante, el republicano Mike Sapraicone, sobre la proposición.
Gillibrand instó a los votantes a apoyar la propuesta, asegurando que es necesaria para garantizar los derechos de las mujeres embarazadas que trabajan y de las que acaban de dar a luz.
Sapraicone dijo que, tal como está redactado, el proyecto de ley permitirá a los hombres entrar en los vestuarios de mujeres y competir con ellas en los mismos deportes.
Efectos sobre los derechos de los padres
En un correo electrónico enviado a The Epoch Times, David Carlucci, ex senador del estado de Nueva York que ahora trabaja como consultor político, hizo referencia a una larga tradición en el estado de defensa de los derechos individuales y humanos y afirmó que esa labor se ha hecho aún más urgente desde la decisión de la Corte Suprema en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.
Muchos de los argumentos en contra de la legislación se basan en una caracterización errónea, dijo.
«Nada en esta enmienda sugiere estas cosas. Protege derechos humanos fundamentales», declaró Carlucci.
Según Eustis, el lenguaje de la proposición es tan vago que podría prestarse a innumerables formas de litigio contra padres y tutores con casi cualquier pretexto.
«El lenguaje es amplio y puede interpretarse de diferentes maneras, por eso esta propuesta de enmienda es tan preocupante. El propio nombre, ‘Enmienda para la Igualdad de Derechos’, es engañoso.
«Se la considera principalmente una enmienda sobre el aborto, pero va mucho más allá», dijo.
Las consecuencias para los derechos de los padres —y el potencial de futuros litigios por supuesta discriminación relacionada con la edad— son difíciles de calcular, dijo.
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