El Gobierno de Perú prorrogó este viernes por 45 días el «estado de emergencia» (excepción) decretado desde febrero pasado en Lima Metropolitana y la provincia vecina del Callao para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
La medida, que fue anunciada en un decreto supremo y entra en vigor desde este mismo viernes, dispuso que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional del Perú (PNP), que sigue a cargo del orden interno de las ciudades.
La decisión implica la quinta prórroga del estado de excepción en la capital peruana, que se declaró por primera vez el pasado 2 de febrero por un lapso de 45 días y desde entonces se ha ampliado en marzo, mayo, junio y agosto últimos.
Durante su vigencia, tanto en Lima como en el Callao «quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales», detalló el decreto.
Precisó, además, que la intervención de las fuerzas de seguridad se efectuará conforme a lo dispuesto en el decreto N°1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, y en el decreto N°1095, que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.
La participación de los gobiernos locales y regionales de Lima Metropolitana y de la provincia del Callao se dará «en el marco de la normatividad vigente en materia de seguridad ciudadana», añadió la norma.
El gobierno del presidente Pedro Castillo señaló que informes «reservados» de la PNP recomendaron «la necesidad de continuar con las operaciones dirigidas a reducir las acciones delictivas cometidas por delincuentes comunes y bandas criminales organizadas, a fin de fortalecer la seguridad ciudadana» en Lima y el Callao.
Recordó, además, que la Constitución peruana prevé que «son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación».
El decreto fue firmado por el presidente Castillo, el primer ministro, Aníbal Torres; y los ministros de Defensa, Richard Tineo; del Interior, Willy Huerta, y de Justicia, Félix Chero.
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