La administración Biden anunció el viernes que ha prorrogado la emergencia de salud pública de COVID-19 por tres meses más.
El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, renovó oficialmente la declaración de emergencia. La orden se prorrogó hasta el 13 de octubre de 2022, “como resultado de las continuas secuelas de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019”, dijo Becerra en la orden.
La declaración de emergencia de salud—la cual permite que algunos estadounidenses obtengan pruebas, vacunas y tratamientos gratuitos contra COVID-19—fue muy esperada. A principios de esta semana, funcionarios anónimos dijeron a Bloomberg y a otros medios de comunicación que la Casa Blanca prorrogaría la orden.
“La declaración de emergencia de salud pública continúa brindándonos las herramientas y las autoridades necesarias para responder”, dijo un funcionario de la administración Biden a CNN esta semana. “La [orden] proporciona capacidades y flexibilidades esenciales a los hospitales para brindar una mejor atención a los pacientes, particularmente si tuviéramos un aumento significativo en las hospitalizaciones en las próximas semanas”.
Esas declaraciones provocaron reacciones adversas, incluso del consejo editorial del Wall Street Journal, que acusó a la administración de querer una «emergencia perpetua» para mantener y aumentar sus poderes.
“La Administración Biden afirma que la declaración proporciona una flexibilidad regulatoria crítica. Pero las autorizaciones de uso de emergencia para vacunas y tratamientos se rigen por un estatuto separado. El Departamento de Salud y Servicios Humanos también podría hacer permanentes otras flexibilidades regulatorias, como la cobertura de Medicare para los servicios de telesalud”, escribió el consejo editorial.
Los republicanos han pedido a la administración Biden que ponga fin a la declaración de emergencia.
“Hoy hacemos un llamado a su administración para que haga lo que tantos estados y otros países ya han hecho: aceptar que el COVID-19 es endémico, reconocer que las actuales intervenciones gubernamentales de mano dura están haciendo más daño que bien, y comenzar inmediatamente el proceso mediante el cual se retire el PHE para que nuestro país pueda volver a la normalidad”, escribieron los miembros republicanos del Congreso en una carta en febrero.
Y en marzo, el Senado aprobó un proyecto de ley para poner fin a la emergencia nacional con una votación partidista de 48 a 47, que Biden amenazó con vetar. El esfuerzo fue respaldado por los legisladores republicanos.
“Los amplios poderes que esta declaración de emergencia otorga al gobierno federal ya no son necesarios y el Congreso debe discutirlos y, en última instancia, derogarlos, a fin de iniciar el proceso de desmantelamiento de los poderes que el gobierno tomó durante el punto álgido de la crisis», dijo el Sen. Roger Marshall (R-Kan.), quien patrocinó la medida, en el pleno del Senado en ese momento.
Mientras que, algunos grupos de atención médica, como la Asociación Estadounidense de Hospitales, instaron a la administración hace dos meses a mantener intacta la emergencia.
La administración dijo previamente que avisaría a los estados con 60 días de anticipación antes de poner fin a la declaración de emergencia por COVID-19.
Según los datos proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las muertes relacionadas con el COVID-19 en Estados Unidos se han mantenido estables, oscilando entre 300 y 350 por día. Esa cifra es significativamente inferior a la del pico de la variante ómicron en febrero de 2022, donde EE. UU. reportó 3000 muertes diarias en varias ocasiones, según muestran los datos.
El COVID-19 es la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
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