Varios miles de personas se manifestaron este sábado en las ciudades costeras de Málaga y Cádiz, región española de Andalucía (sur), contra la saturación de visitantes y la proliferación de viviendas turísticas, cuya alta rentabilidad encarece el precio del alquiler tradicional para residentes.
Unas 5500 personas, según la Policía, denunciaron la «insostenible» situación de la vivienda y los alquileres en la ciudad mediterránea de Málaga y reclamaron un cambio de modelo turístico que permita que «vuelva a ser una ciudad digna de ser habitada».
Se manifestaron convocadas por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, que elevó a 25,000 el número de asistentes, con el apoyo de casi medio centenar de organizaciones como Greenpeace, el sindicato CCOO, Facua (consumidores) y la ONG de inmigrantes Málaga Acoge.
También participaron representantes de fuerzas políticas de izquierda como el Partido Socialista y Podemos.
Los participantes expresaron un «malestar ampliamente compartido: la imposibilidad de acceder a una vivienda», la «expulsión» de los vecinos de sus barrios y el cierre de comercios locales, un fenómeno que también afecta a otras ciudades turísticas españolas y ha saltado al debate político.
Los asistentes llevaban pancartas con lemas como «El turismo o la vida. Por una vivienda sin abusos ni especulación», alguna en inglés que invitaba a los turistas a alojarse en un hotel y mensajes dirigidos contra las autoridades regionales y municipales.
Según los organizadores, en algunas zonas de Málaga, como el entorno de la plaza de la Merced, un 68.9 % de las viviendas están dedicadas al turismo. En ese lugar se encuentra el Museo Casa Natal del pintor español de fama mundial Pablo Picasso (1881-1973).
Prohibición, inspecciones y sanciones
En la ciudad atlántica de Cádiz, unas 3000 personas asistieron a la marcha organizada por la Plataforma Cádiz Resiste contra la saturación turística, que terminó a las puertas del Ayuntamiento.
«Declaramos urgente la necesidad de establecer zonas tensionadas en nuestra ciudad para frenar la especulación inmobiliaria y proteger el derecho a una vivienda digna para todos los residentes», según el manifiesto de la plataforma convocante.
Cádiz Resiste exige una moratoria indefinida de emisión de licencias para Viviendas de Uso Turístico (VUT) e inspecciones y sanciones para detener el crecimiento descontrolado de estos alojamientos y poder garantizar casas asequibles a los residentes habituales.
El alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, anunció el 21 de junio que el ayuntamiento no concederá más licencias de uso turístico a viviendas residenciales y no renovará las existentes en noviembre de 2028, de manera que, en cinco años, las 10,101 ahora existentes de este tipo perderán tal condición.
Muchas de las casas que los propietarios privados antes ponían en alquiler para residentes, ahora se ofrecen en el mercado de viviendas turísticas, pues dan una rentabilidad mayor.
Esto ha generado quejas de los vecinos por las consecuencias negativas de la masificación turística de barrios céntricos, como ruidos y problemas de convivencia. Y ha encarecido la vivienda tanto de alquiler como en propiedad, lo que dificulta el acceso para las rentas bajas y medias.
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