Las manifestaciones de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte dejaron hasta este sábado al menos 36 heridos, entre ellos a 4 policías, en enfrentamientos alrededor del aeropuerto de Juliaca, en el sur de Perú, mientras que la fiscalía empezó a investigar las muertes de manifestantes ocurridas en diciembre último.
La Defensoría del Pueblo informó, a través de su cuenta en Twitter, de que acudieron al hospital Carlos Monge Medrano en Julicaca, y verificaron «la existencia de 8 personas civiles y 4 policías heridos», tras los enfrentamientos en el aeropuerto Inca Manco Cápac, que cerró sus operaciones debido a los disturbios.
«Gestionamos las acciones necesarias para la ayuda humanitaria correspondiente», agregó la Defensoría.
Por su parte, el hospital Carlos Monge Medrano reportó, mediante su cuenta en Facebook, el estado de nueve heridos, quienes ingresaron a su servicio de emergencias desde las 15.06 horas de este viernes (20.06 GMT).
Así, el centro de salud detalló que cuatro civiles ingresaron «baleados», otros dos con heridas en la cara, mientras que los policías tienen lesiones en el ojo, en la mano y pie, y en la cabeza.
«Los heridos vienen siendo atendidos oportunamente por los profesionales de la salud, los mismos fueron trasladados por la ambulancia SAMU», indicó el hospital y también hizo un llamado a los manifestantes para que permitan el libre tránsito de las ambulancias.
Horas antes, la empresa Aeropuertos Andinos de Perú anunció que el «aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca ha suspendido sus operaciones desde hoy, 6 de enero en la tarde, ante los actos de violencia suscitados y la falta de seguridad en sus inmediaciones que ponen en riesgo la seguridad de nuestro equipo y pasajeros».
A continuación, agregaron que están «realizando coordinaciones pertinentes con las aerolíneas y la comunidad aeroportuaria para retomar en el corto plazo «las operaciones, siempre «y cuando existan las condiciones que garanticen la seguridad».
Los manifestantes piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales a 2023 y la convocatoria de una asamblea constituyente, entre otras demandas.
Las manifestaciones se cobraron la vida de 28 civiles en apenas 20 días de protestas en diciembre pasado, antes de que comenzara una tregua navideña.
A raíz de esos decesos, el Ministerio Público dispuso el viernes realizar diligencias previas sobre las denuncias presentadas contra Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola, entre otros, por las muertes ocurridas durante las manifestaciones que sacudieron el país en diciembre pasado.
«La Fiscalía de la Nación (general) dispuso realizar diligencias previas respecto a las denuncias presentadas contra la presidenta de la República, Dina Boluarte; Alberto Otárola, en su condición de ministro de Defensa (hoy ocupa el cargo de primer ministro); César Cervantes, exministro del Interior y otros», informó el Ministerio Público en las redes sociales.
Agregó que estas denuncias «tienen como objeto investigar las muertes ocurridas durante las manifestaciones realizadas en diciembre de 2022», que en apenas 20 días se cobraron la vida de 28 personas.
Las protestas de diciembre arrancaron luego de que Boluarte asumiera por sucesión constitucional la Presidencia de Perú, tras el fallido autogolpe de su predecesor, el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), quien hoy cumple 18 meses de prisión preventiva por la presunta comisión del delito de rebelión.
Tras conocerse la decisión del Ministerio Público, Boluarte expresó a través de las redes sociales de la Presidencia que «dará todas las facilidades que correspondan para el pronto esclarecimiento de los hechos, tal como lo ha solicitado en reiteradas oportunidades».
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