Un proyecto de ley de California que haría más asequible la matrícula para que algunos residentes mexicanos con bajos ingresos pudieran asistir a los colegios comunitarios locales del estado está a un paso de convertirse en ley.
El proyecto de ley 91 de la Asamblea, presentado por el asambleísta David Alvarez (D-San Diego), crearía un programa piloto que permitiría a los residentes de México que vivan a menos de 45 millas de la frontera de California pagar la matrícula estatal para asistir a uno de los nueve campus de la Asociación de Colegios Comunitarios de los Condados de San Diego y Valle Imperial.
El programa comenzaría en otoño de 2024, dejaría de funcionar en julio de 2028 y quedaría derogado en enero de 2029, a menos que los legisladores lo renovaran.
Cuando presentó el proyecto de ley en enero, la oficina del Sr. Alvarez declaró que, según los líderes de desarrollo económico de San Diego, el condado debe «duplicar la cantidad de personas con educación possecundaria para 2030 a fin de satisfacer las demandas de la economía local».
Eso equivale aproximadamente a 20,000 nuevos trabajadores cualificados cada año, dijo la oficina de Alvarez.
«El condado de San Diego tiene una robusta economía anual de entre 250,000 y 300,000 millones de dólares, pero lo cierto es que la región se enfrenta a la misma escasez de personal que asola California y el país. Esto es especialmente cierto en campos como la enfermería, los servicios de urgencias y la salud conductual», dijo el Sr. Alvarez en un análisis del Comité de Educación Superior de la Asamblea de marzo.
El Sr. Alvarez continuó diciendo que la aprobación del proyecto de ley «permitiría a estos estudiantes incorporarse a la mano de obra local, donde contribuirían a la próspera economía del condado de San Diego y garantizarían que la región siga siendo un actor internacional en los años venideros».
Además, para que entre en vigor, el consejo de administración de los Colegios Comunitarios de California debe suscribir un acuerdo similar de matrícula estatal con una universidad de Baja California (México), para permitir que los residentes de California asistan a la escuela también con tasas de matrícula residencial.
El proyecto de ley sigue el modelo de un acuerdo que permite que hasta 200 estudiantes de Nevada asistan al Lake Tahoe Community College de California.
Recibió el apoyo de muchos grupos educativos regionales —como la Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios de California, la Liga de Colegios Comunitarios de California, el Distrito de Colegios Comunitarios de San Diego, así como el Gobernador de Baja California— y no se había registrado ninguna oposición hasta principios de septiembre.
El proyecto de ley 91 fue aprobado por la Asamblea estatal en mayo por 65 votos a favor y 8 en contra, y por el Senado a principios de septiembre por 33 votos a favor y 6 en contra. El proyecto de ley se envió el 15 de septiembre al gobernador, que tiene hasta el 14 de octubre para aprobarlo.
Esto se produce en un momento en que las matriculaciones en los colegios comunitarios de California cayeron a su nivel más bajo en 30 años, tras un descenso del 18% respecto a los niveles previos a la pandemia de 2019.
Los 115 colegios comunitarios del estado perdieron unos 340,000 estudiantes de 2019 a 2022, según los datos de matriculación publicados por la Oficina del Rector de los Colegios Comunitarios de California.
Tanto el distrito de los colegios comunitarios de Los Ángeles como el de San Diego experimentaron un descenso del 25 por ciento en la matriculación después de la primavera de 2019, según la Oficina del Canciller.
Sin embargo, es posible que la asistencia esté empezando a recuperarse, ya que el canciller informó de que la matrícula subió la pasada primavera un 8 por ciento. Sin embargo, las cifras siguen siendo un 16% inferiores a los niveles anteriores a la pandemia.
Un portavoz de la Oficina del Canciller declaró a The Epoch Times a finales de 2022 que existía preocupación por la capacidad de las escuelas para satisfacer las necesidades laborales y la economía de California, y que los funcionarios estaban trabajando para impulsar la matriculación «reimaginando» los paquetes de ayuda económica, las subvenciones de emergencia y las becas.
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