El comité judicial del senado de California ha votado a favor de una controvertida propuesta de ley que los opositores implicados en el debate nacional sobre la ideología de género han calificado de «emancipación infantil» y «secuestro autorizado por el estado».
El senador estatal Scott Wiener (D-San Francisco) y la asambleísta Wendy Carillo (D-Los Angeles), autores de la Ley de la Asamblea 665, afirman que las críticas a la ley son desinformación.
El 20 de junio, el comité votó 9 a 2, con la oposición del senador Scott Wilk (R-Santa Clarita) y el senador Roger Niello (R-Fair Oaks) , a favor de la aprobación del proyecto de ley, que, según los expertos, permitiría a niños de hasta 12 años recibir asesoramiento en salud mental, ingresar en un hogar colectivo —o ambas cosas— sin el consentimiento paterno.
Nicole Pearson, abogada del condado de Orange y fundadora de Hechos, Ley, Verdad y Justicia —organización que lucha por proteger las libertades civiles y los derechos humanos básicos— acusó a Carillo y a Wiener de «infravalorar» el impacto total del proyecto de ley y de utilizar a las minorías y a las comunidades LGBT «para ocultar la intención real».
«Se trata de arrebatar niños a sus padres sin que medie una denuncia por maltrato», dijo en la audiencia.
Pearson afirmó que la AB 665 es una «peligrosa ley mal redactada», demasiado amplia y poco clara.
«La AB 665 no trata de obtener cobertura médica ni de ajustarse a los códigos. Se trata de arrebatar niños a sus padres sin que medie una denuncia por maltrato», dijo Pearson. «Los autores quieren cambiar la ley para permitir que un niño de 12 años pueda salir de su casa por capricho, invocando la separación de los padres y la emancipación de los menores sin ninguna alegación de peligro ni consentimiento paterno. Esto es emancipación infantil».
Si el proyecto de ley pretende ampliar el acceso a los servicios de salud mental, dijo que sus autores podrían haber propuesto simplemente eliminar la palabra «no» del artículo 124260 del Código de Salud y Seguridad, que establece que dichos servicios de salud mental «no se aplicarán a la percepción de prestaciones del programa Medi-Cal», argumentó Pearson.
«Pero no lo hicieron», dijo. «En lugar de eso, quieren modificar el Código de Familia y suprimir 44 años de salvaguardias que garantizan que los proveedores de servicios de salud mental sólo ingresan a un niño en un centro de acogida residencial si ese niño corre peligro de sufrir abusos, incesto o daños a sí mismo o a otros».
Wendy Minas, madre de cinco hijos en Los Ángeles, dijo que la gente de su comunidad no está contenta con la legislación propuesta.
«Están escandalizados y enfadados de que consideren aprobar una ley extrema que separaría a las familias durante los años más difíciles y desafiantes de un niño», dijo a la comisión. «Los niños pueden ser impulsivos, influenciables y rebeldes. En lugar de emanciparlos, deberíamos crear programas que apoyen la comunicación humana y mantengan unidas a las familias».
Si la AB 665 se convierte en ley, Minas dijo que un niño podría ir un día a la escuela y no volver a casa, ya que entraría en el sistema de bienestar infantil como tutela del estado, mientras que los padres se quedarían intentando encontrarlos y luchando por recuperarlos.
«¿Qué pasa cuando tu hija empieza a hablar con un chico mucho mayor o tu hijo accede a sitios de medios de comunicación poco saludables? ¿O qué pasa si se juntan con chicos que se meten en líos, y tú intentas guiarlos con límites, y ellos se rebelan?», preguntó.
El proyecto de ley, dijo Minas, emanciparía a los niños para que abandonaran el hogar y permitiría que ese comportamiento peligroso continuara en un hogar de grupo.
Taylor Chambers, abogado del Centro Nacional de Derecho Juvenil y copatrocinador del proyecto de ley, dijo al comité que la AB 665 abordaría políticas «profundamente injustas» que crean barreras para los jóvenes beneficiarios de Medi-Cal que buscan asesoramiento sobre salud mental.
«Los jóvenes que dependen de Medi-Cal deben alcanzar niveles significativamente más altos de gravedad antes de que el seguro pague por su atención, lo que significa que los jóvenes con seguro privado pueden acceder a la atención necesaria en una fase más temprana, mientras que los jóvenes con Medi-Cal deben estar efectivamente en crisis antes de que el seguro pague por su atención», dijo.
Chambers dijo que los jóvenes en Medi-Cal son «predominantemente jóvenes de color y jóvenes en situación de pobreza».
Los estudios de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. que muestran un aumento de los sentimientos de tristeza y desesperanza persistentes y un aumento de las tasas de intento de suicidio entre los jóvenes hacen que sea «aún más importante abrir todas las puertas posibles a la atención», dijo Chambers.
La AB 665 fue aprobada por la Asamblea estatal el 10 de abril con 55 votos a favor, 9 en contra y 16 abstenciones.
Esther Lau, defensora de los estudiantes de la bahía de San Francisco, dijo que apoya el proyecto de ley porque cree que obligaría a MediCal a cumplir las mismas normas que las compañías de seguros privadas.
«En mi segundo año de instituto, durante el apogeo de la pandemia, estaba luchando contra la salud mental, como muchos otros en aquella época», dijo Lau. «Mis padres fueron increíblemente comprensivos y me apoyaron, animándome a buscar apoyo médico, pero como inmigrantes de primera generación no estaban muy familiarizados con el sistema sanitario, así que… navegué por el sistema médico yo sola».
Lau afirma que al principio le denegaron la atención de salud mental debido a las largas listas de espera y a las «complicaciones administrativas» que conlleva la burocracia del sistema sanitario, pero finalmente encontró una clínica que ofrecía terapia gratuita de corta duración a los jóvenes.
«Como estudiante con bajos ingresos que ciertamente se ha beneficiado en gran medida de los programas de asistencia pública, incluidos Medi-Cal, CalFresh y viviendas de la Sección 8, he experimentado lo que es buscar apoyo para la salud mental en todo el sistema médico», dijo Lau. «La AB 665 afirma que el acceso a los servicios de salud mental es una asistencia sanitaria esencial y un derecho humano».
Wilk, que recientemente aconsejó a los californianos que huyeran del estado si sabían lo que era mejor para sus hijos, preguntó a Carillo por qué no proponía simplemente eliminar la palabra «no» del código vigente.
«Todo lo que teníamos que hacer era suprimir ‘no’ y entonces todos esos grupos de niños podrían acceder, así que tengo curiosidad por saber por qué adoptamos este otro enfoque cuando éste era muy sencillo y elocuente», dijo Wilk.
Carrillo defendió el proyecto de ley, afirmando que se trata de ampliar el acceso de los jóvenes a la atención de salud mental. Afirmó que no usurpa la patria potestad, y acusó a los opositores de llevar a cabo una campaña de desinformación en las redes sociales contra el proyecto de ley. Citó una «comprobación de hechos» de Associated Press en la que se la cita.
Dijo que la AB 665 simplemente ampliaría la SB 543, una ley promulgada en 2010 que permite a los menores de 12 a 17 años acceder a tratamiento ambulatorio de salud mental sin consentimiento paterno, para incluir a los beneficiarios de Medi-Cal.
«Este proyecto de ley no quita la patria potestad. Este proyecto de ley no da la oportunidad de que intervenga un progenitor o tutor. Sin embargo, se alinea con la política existente. … Desgraciadamente, la conversación ha superado con creces la intención de este proyecto de ley», dijo a la comisión. «Ahora es una conversación nacional relacionada con la salud mental y los jóvenes, que también incluye en la conversación nacional los derechos LGBTQ plus. Las dos cuestiones están separadas».
Wiener acusó a críticos como la congresista Marjorie Taylor Greene (R-Georgia) de crear «desinformación extrema».
«Genera simplemente una avalancha de cosas viles, tóxicas y horribles», dijo.
Wiener dijo que la AB 665 es una ley de «sentido común» destinada a ampliar el acceso al asesoramiento para los jóvenes que lo necesitan, entre ellos un número creciente de jóvenes sin hogar.
«Están solos en la calle, y hacerlos pasar por retos para intentar acceder a un refugio residencial es increíblemente inhumano. Simplemente deberían poder obtenerlo», afirmó.
Acusó a los opositores de intentar «avivar la indignación» en las redes sociales y crear «un pánico moral absolutamente falso de que haya gente corriendo por ahí intentando robar los hijos de la gente».
«La máquina de la indignación socava por completo nuestros esfuerzos para abordar el problema de los niños en situación de riesgo, haciendo creer que todos los niños están en el punto de mira, que los profesionales de la salud mental están en su punto de mira, que sus profesores están en su punto de mira y que las personas LGBTQ están en su punto de mira. Es indignante».
Erin Friday, demócrata, abogada y colíder regional del oeste de EE. UU. de Our Duty, grupo de defensa de los derechos de los padres que se opone a la ideología transgénero, declaró el 28 de marzo ante el comité judicial de la Asamblea que la AB 665 violaría los derechos de los padres en virtud de la ley constitucional federal y estatal. Calificó la AB 665 de «secuestro autorizado por el estado».
Friday aparece en un documental estrenado recientemente, «Gender Transformation: The Untold Realities», que expone la ideología de género y la transexualidad.
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