El presidente Joe Biden prometió durante la campaña de 2020 que «no construiría ni un metro más» del muro que su predecesor inició en la frontera de Estados Unidos con México, pero los demócratas del Senado parecen estar preparando el terreno para derribarlo, al menos en algunas partes.
El presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, Patrick Leahy (D-Vt.), hizo públicas el 18 de octubre nueve propuestas de gasto, entre ellas una para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en la que se establece, en relación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), lo siguiente:
«Siempre y cuando no se superen los 50,000,000 de dólares pueden ser transferidos al Departamento del Interior para actividades de mitigación, incluyendo la adquisición de tierras, relacionadas con la construcción de barreras fronterizas en tierras federales».
Los 50 millones de dólares se trasladarían de los casi 2000 millones de dólares que el Congreso proporcionó de forma bipartidista durante la Administración Trump para la construcción de un muro fronterizo para frenar o detener el flujo de inmigrantes ilegales que entran en el país desde México.
El senador Richard Shelby (R-Ala.) emitió una declaración el 18 de octubre diciendo que el proyecto de ley de los demócratas también «permitiría que los fondos de la Patrulla Fronteriza se transfieran para eliminar el muro fronterizo en tierras públicas».
Un asesor del comité republicano dijo a The Epoch Times que «no hay nada en el lenguaje que limite la mitigación para incluir la remoción/deconstrucción del muro de Trump en tierras públicas».
Jay Tilton, el portavoz de Leahy en el panel de asignaciones, dijo a The Epoch Times que la disposición se refiere solo a los esfuerzos de «mitigación ambiental».
El informe del comité sobre el proyecto de ley de financiación de Interior señala que partes del nuevo muro erigido durante el mandato de Trump «han causado la destrucción permanente de recursos ecológicos y culturales. Porciones de estas barreras fueron construidas en 625 acres de tierras públicas, hogar de especies sensibles y protegidas de plantas y animales, que fueron transferidos al Ejército de Estados Unidos por el Departamento del Interior».
El informe explicaba además que «aunque la construcción inmediata ha cesado, los disturbios asociados a las propias barreras, además de los corredores de servicios públicos y las redes de carreteras asociadas, siguen perturbando el movimiento y el hábitat de la fauna, las cuencas hidrográficas y las actividades de conservación de la tierra».
Además, el informe dice que se creará una comisión «para convocar un proceso multiinstitucional que identifique los daños infligidos por la construcción de barreras fronterizas» y recomiende «un plan basado en datos para desarrollar estrategias de mitigación en respuesta a la construcción relacionada con las barreras fronterizas. Esta estrategia deberá garantizar que cualquier medida adoptada mantenga la seguridad en la frontera».
El informe del proyecto de ley también exige que la comisión incluya en sus deliberaciones a «organizaciones no gubernamentales con experiencia en la preservación ambiental y cultural». En una administración demócrata, tales organizaciones incluirían típicamente grupos activistas liberales sin fines de lucro que se oponen con virulencia a la construcción del muro de Trump.
Debido a que todas las actividades humanas en tierras federales protegidas están estrictamente reguladas y porque, según el informe del proyecto de ley, «la construcción de las secciones de la barrera no incluyó la realización de las revisiones ambientales típicamente requeridas», la comisión que se establecerá podría definir la «mitigación» como la necesidad de deconstruir algunas secciones del muro de Trump.
Shelby también señaló en su declaración que «en medio de la peor crisis fronteriza en décadas, los proyectos de ley de los demócratas del Senado:
- «Recortarán la financiación de las actividades centrales de seguridad fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional.
- Reducirán la capacidad de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y obstaculizarán la aplicación de la ley y la capacidad de expulsión de aquellos que se encuentran en el país de forma ilegal.
- Implementarán políticas que permitan liberar a ciertos extranjeros criminales en Estados Unidos.
- Reescribirán la ley de inmigración para cambiar la forma en que se distribuyen los visados, incluyendo la autorización de visados para personas procedentes de países en los que los procesos de investigación son deficientes.
- Permitirán que el gobierno federal emplee a los no ciudadanos que participan en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA (FSGG, Leg Branch)».
En un acontecimiento relacionado el martes, el senador Ted Cruz (R-Texas) presentó la «Ley para detener la oleada» «para abordar el aumento de los cruces fronterizos ilegales a lo largo de la frontera suroeste mediante el establecimiento de nuevos puertos de entrada para procesar a los migrantes de acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la sección 362 de la Ley de Servicios de Salud Pública».
La propuesta de Cruz, según un comunicado emitido por su oficina, es una «exigencia al presidente Biden, a su administración y a los demócratas del Congreso para que aborden la crisis sin precedentes provocada por el hombre en la frontera del sur de Texas y sus decisiones políticas que la crearon directamente».
«Esta legislación establecería nuevos puertos de entrada en 13 comunidades de todo el país y ordenaría que todos los extranjeros ilegales encontrados en los sectores de la Patrulla Fronteriza en Texas sean transferidos a estos nuevos puertos para su procesamiento».
Cruz añadió en el comunicado que «durante los últimos 10 meses, el presidente Biden y su administración han entregado voluntariamente la frontera sur de Estados Unidos a los peligrosos cárteles criminales, sin pensar en las comunidades fronterizas del sur de Texas, como McAllen y Del Río, que se están quedando sin recursos por tener que lidiar con esta afluencia masiva de inmigrantes ilegales».
«Si los demócratas de Washington tuvieran que soportar aunque sea una fracción del sufrimiento que las familias del sur de Texas, los agricultores, los rancheros y las pequeñas empresas han tenido que enfrentar, se aplicarían las leyes de inmigración de nuestra nación, se construiría el muro y se volvería a aplicar la política de Permanecer en México».
Los nuevos puertos de entrada incluirían Block Island, Rhode Island; Greenwich, Connecticut; Martha’s Vineyard, Massachusetts; Cambridge, Massachusetts; Governors Island, N.Y.; Rehoboth Beach, Delaware; Nantucket, Massachusetts; Newport, Scarsdale, N.Y.; Palo Alto, California; Yountville, California; Santa Helena, California; y North Hero, Vermont.
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