Senadores republicanos propusieron el 10 de diciembre una legislación que impediría que organismos reguladores federales manipularan a los bancos para asfixiar a ciertas industrias.
Es una versión actualizada de la legislación propuesta en 2016 en respuesta a la Operación Choke Point, un programa del presidente Barack Obama que presionó a los bancos y otras instituciones financieras a retener los servicios de los vendedores de armas de fuego, prestamistas «payday», y otras empresas comerciales legales.
«Este proyecto de ley protege al pueblo estadounidense y a las pequeñas empresas de ser excluidas inconstitucionalmente de sus entidades financieras por no estar en línea con los caprichos políticos y las inclinaciones de quien está en control del poder ejecutivo», dijo el senador Ted Cruz (R- Texas), quien es el promotor de la legislación, en un comunicado de prensa.
«Bajo la administración anterior, los funcionarios del gobierno en organismos como el Departamento de Justicia (DOJ) y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) abusaron de su poder para convertirse en un brazo partidista de la administración», enfatizó.
Además de Cruz, los co-autores de la Ley de Protección al Cliente de Instituciones Financieras de 2019 incluyen a los senadores Mike Crapo (R-Idaho), John Kennedy (R-La.), Thom Tillis (R-N.C.), Jim Inhofe (R-Okla.), Mike Lee (R-Utah), Cindy Hyde-Smith (R-Miss.), John Cornyn (R-Texas), Ben Sasse (R-Neb.) y Mike Braun (R-Ind.).
La FDIC fue especialmente activa en el programa de la era de Obama, como se reveló en un caso judicial contra la FDIC por su participación. El director regional de la agencia en Atlanta, Thomas Dujenski, afirmó en un correo electrónico citado en documentos de la corte: «literalmente no soporto los préstamos pay day». Todos los bancos en la región de Atlanta terminaron los servicios a los prestamistas temporales.
Del mismo modo, el director regional de la agencia en Chicago, Anthony Lowe, declaró que él y otros directores regionales fueron informados por funcionarios de la oficina de la FDIC en Washington de que «si se descubría que un banco estaba involucrado en préstamos pay day, alguien iba a ser despedido».
La nueva legislación propuesta «prohíbe que una entidad bancaria federal sugiera, solicite u ordene formal o informalmente a una institución fiduciaria que cancele una cuenta de cliente específica o un grupo de cuentas de cliente, o que restrinja o disuada de cualquier otra forma de establecer o mantener una relación bancaria con un cliente específico o un grupo de clientes», a menos que la institución posea «una razón material para hacerlo» que «no se base únicamente en el riesgo de la reputación de la institución», de acuerdo con el informe de Cruz.
«El criterio de ‘razón material’ se cumplirá si una institución cree que un cliente o grupo de clientes específico plantea una amenaza a la seguridad nacional, incluyendo cualquier creencia de que están involucrados en el financiamiento del terrorismo», de acuerdo con el comunicado.
La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley complementario a la presente propuesta en 2018. El representante Blaine Luetkemeyer (R-Mo.) patrocinó la medida.
Hay más de 56,000 comerciantes de armas de fuego autorizados en Estados Unidos y casi 8,000 personas pueden comprar y vender armas de fuego en casas de empeño, según el Centro de Leyes Giffords para Prevenir la Violencia Armada, con sede en San Francisco.
Los prestamistas pay day generalmente hacen préstamos de hasta 1,000 dólares, y el pago debe hacerse dentro de las dos semanas. Las tasas de interés anuales pueden llegar hasta el 400%. Hay un estimado de 23,000 prestamistas pay day en Estados Unidos.
Uno de cada tres individuos en edad universitaria ha considerado buscar préstamos pay day, a pesar de los cortos períodos de pago y los altos costos de los intereses anuales, según una encuesta de 2018 de la CNBC.
«Se supone que los reguladores federales deben hacer cumplir la ley, no actuar como piratas partidarios que tratan de imponer su propia agenda a los negocios que supervisan», señaló Kennedy en el comunicado de prensa.
«Esta legislación impide que las entidades bancarias federales discriminen a las empresas legales, grandes o pequeñas, solo porque sus clientes o prácticas no se adhieren a los mismos puntos de vista políticos de quien controla la administración», sostuvo el funcionario.
«Ningún burócrata debe abusar de la confianza del pueblo usando sus facultades reguladoras para imponer sus propias preferencias personales al pueblo estadounidense», aseguró Lee en el reporte de prensa. «Es vital que el poder del gobierno sea ejercido de manera transparente y responsable, y que aquellos a los que el gobierno se dirige sean conscientes de su penalización y de su justificación, y tengan la capacidad de cuestionar esa acción».
«Las políticas de la era Obama, como la Operación Choke Point, representaron un ataque directo a los derechos de la Segunda Enmienda», declaró Hyde Smith en el comunicado de prensa. «Esta fuerte legislación actuaría para proteger esos derechos, así como el espíritu de la libre empresa que hace que la economía americana sea tan fuerte».
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