La legislación largamente anticipada que prohibiría la negociación de acciones de parte de los legisladores y otros altos funcionarios del gobierno recibió un impulso el jueves, cuando los demócratas de la Cámara publicaron un marco legislativo que busca cerrar los vacíos legales, reducir los conflictos de intereses y hacer que las sanciones por incumplimiento sean más dolorosas.
El 22 de septiembre, la representante Zoe Lofgren (D-Calif.), presidenta del Comité Administrativo de la Cámara, encargada de revisar las deficiencias del sistema actual de declaración financiera, esbozó el marco del proyecto de ley en una carta dirigida a los colegas demócratas.
«Tras esa revisión, creo que un plan significativo y efectivo para combatir los conflictos de intereses financieros, podría ayudar a restaurar la fe y la confianza del público de que nuestros servidores públicos actúan en el interés público», escribió Lofgren.
“¿Actúan Nuestros Funcionarios Públicos en el Interés Público?”
Durante algún tiempo se ha estado acumulando presión para reformar el actual sistema de declaraciones financieras después del examen de los medios de comunicación sobre posibles conflictos de intereses en las negociaciones por parte de los funcionarios del gobierno y sus familias. Un análisis reciente encontró que casi una quinta parte de los miembros del Congreso o sus familiares compraron o vendieron activos financieros durante un período de tres años que revelaron un posible conflicto de intereses.
«Estas historias socavan la fe y la confianza del pueblo estadounidense en la integridad de los funcionarios públicos y nuestro gobierno federal. Los miembros del público pueden preguntar, ¿nuestros funcionarios públicos actúan en interés público o en su interés financiero privado?, escribió Lofgren.
El nuevo marco legislativo, titulado «Combatir los conflictos de intereses financieros y restaurar la fe y la confianza pública en el gobierno», implicaría reformar la Ley para detener las negociaciones basadas en el conocimiento del Congreso, o Ley STOCK, que se aprobó en 2012, que permite a los legisladores negociar acciones, aunque les exige revelar tales transacciones.
Un problema con el sistema de las declaraciones financieras actuales es la presentación en papel que, a veces, ha contado con formularios que son prácticamente ilegibles. El marco aborda eso proponiendo que todas las personas sujetas al requisito de emitir declaraciones las presenten electrónicamente.
El marco legislativo también pretende exigir que los funcionarios brinden más detalles en los formularios de su declaración. La ley actual permite a los legisladores declarar valores de transacciones en rangos amplios, como USD 1 millón a USD 5 millones. Según la nueva propuesta, ellos tendrían que proporcionar «más granularidad» proporcionando el valor redondeado para los activos, transacciones y pasivos de alto valor.
La propuesta también busca cerrar un vacío que permite a los cónyuges o dependientes de los funcionarios reportar activos de alto valor como “por valor de más de USD 1 millón” y obligarlos a proporcionar detalles más granulares.
Congresistas están incluidos en el veto de acciones
En particular, el marco legislativo también tiene restricciones de alcance más amplio, que incluyen a los jueces de la Corte Suprema, a los miembros del Congreso y a otros altos funcionarios del gobierno, así como a sus cónyuges e hijos dependientes.
Los funcionarios del gobierno y los jueces de la Corte Suprema, así como sus cónyuges e hijos dependientes, tendrían prohibido negociar acciones o tener inversiones en valores, materias primas, futuros y criptomonedas, añade el documento.
A los funcionarios entrantes, así como a los actuales, se les requeriría que se desprendan de dichas participaciones o que las coloquen en fideicomisos ciegos.
Al mismo tiempo, a los funcionarios se les permitiría invertir en participaciones que no presenten el mismo potencial de conflictos de interés, como fondos mutuos diversificados, fondos cotizados en bolsa y bonos estadounidenses y valores gubernamentales estadounidenses.
A su vez, se busca imponer penas más dolorosas por las violaciones, que según la Ley STOCK son solo USD 200 de multa por cada período de 30 días de incumplimiento.
La nueva propuesta pretende aumentar la sanción a USD 1000, a la vez que exige una mayor transparencia en torno al control, exigiendo que las oficinas de supervisión de ética divulguen públicamente información sobre el cumplimiento por parte de los declarantes.
Lofgren dijo que “pronto” se presentará el texto legislativo basado en dicho marco.
La propuesta legislativa podría ser considerada en la Cámara a contar de la próxima semana, dijo a través de una declaración la Galería de Prensa de la Cámara en su cuenta de Twitter.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
