El senador Marco Rubio (R-Fla.) presentó el miércoles un proyecto de ley para exigir a los grupos de presión estadounidenses que elijan entre representar los intereses de Estados Unidos o los de la China comunista.
La legislación propuesta, denominada «Ley de Desinversión en Grupos de Presión del PCCh», prohibiría a los contratistas de defensa estadounidenses contratar a grupos de presión registrados para representar a determinados clientes, a saber, los incluidos en las listas de entidades de cualquier agencia federal por motivos de seguridad nacional. Estas entidades están sujetas a restricciones a la exportación y otras sanciones.
«Muchas empresas de cabildeo con sede en Washington D.C. trabajan en nombre de empresas chinas vinculadas al Ejército Popular de Liberación y que cometen graves violaciones de los derechos humanos, al tiempo que representan a contratistas de defensa estadounidenses», declaró la oficina de Rubio en un comunicado de prensa.
La oficina destacó las implicaciones del asunto: «Hacer lobby tanto para la base industrial de defensa china como para la estadounidense entraña el riesgo de importantes conflictos de intereses. Los grupos de presión podrían utilizar información privilegiada, aunque sea involuntariamente, para ayudar a sus clientes chinos en detrimento de la seguridad nacional de Estados Unidos».
«Demasiadas empresas de cabildeo están cosechando los beneficios financieros de representar a clientes con contratos [del Departamento de Defensa] mientras también trabajan para aquellos que tienen vínculos con el Partido Comunista Chino», dijo Rubio en un comunicado.
«Mi Ley de Desinversión en Grupos de Presión del PCCh pondría fin a este claro conflicto de intereses. Obliga a las empresas a hacer una elección definitiva: trabajar con contratistas del gobierno estadounidense o apoyar a entidades del gobierno chino, pero no se pueden hacer ambas cosas», añadió el miembro principal de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
El proyecto de ley entraría en vigor 30 días después de su promulgación.
Si se promulga, el Departamento de Defensa (DoD) podrá retener o recuperar fondos de los contratistas de defensa que no cumplan hasta que dejen de emplear a grupos de presión que también representen a empresas chinas incluidas en las listas de entidades.
Estas empresas se incluyeron en las listas por tener vínculos con el ejército chino o por estar implicadas en el genocidio de la región china de Xinjiang.
El proyecto de ley hace una excepción para cualquiera de los supuestos anteriores si el Secretario de Defensa certifica a las Comisiones de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos que es necesaria una exención para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.
Las empresas de lobby estadounidenses han sido objeto de escrutinio recientemente, lo que ha llevado a algunas a prescindir de sus clientes de alto perfil.
Por ejemplo, la empresa china de drones DJI y la empresa china de genómica BGI Group fueron añadidas a la lista de entidades del Departamento de Defensa en octubre de 2022 y marzo de 2023, respectivamente.
Avoq LLC, un bufete de abogados de Washington, puso fin a su compromiso de cabildeo con DJI el 22 de febrero, según los archivos de divulgación.
Steptoe LLP, otro bufete de abogados, también eliminó a BGI de su cartera de clientes el mes pasado. La declaración de Steptoe muestra que ganó USD 270,000 por este contrato en 2023.
Como vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia, Rubio dijo en la audiencia anual de Evaluación de Amenazas Mundiales del comité el 11 de marzo que el Partido Comunista Chino se había «vuelto muy bueno en la contratación de grupos de presión e incluso delegando a las empresas estadounidenses para venir aquí y presionarnos por cosas que son beneficiosas para los objetivos chinos a expensas de este país, a largo plazo».
Las actuales lagunas en la divulgación de información sobre grupos de presión también han llamado la atención de los legisladores.
El pasado mes de junio, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que aborda una de estas lagunas.
Según la oficina del senador Chuck Grassley (R-Iowa), que presentó el proyecto de ley, «los grupos de reflexión y los organismos encargados de hacer cumplir la ley han identificado casos en los que adversarios extranjeros han explotado esta laguna utilizando organizaciones y empresas para impulsar sus intereses ante el gobierno de Estados Unidos».
«El proyecto de ley exige explícitamente a las organizaciones de lobby que revelen cuándo gobiernos y partidos políticos extranjeros participan en sus esfuerzos de lobby, independientemente de cualquier contribución financiera a su trabajo».
La versión complementaria de la Cámara de Representantes se encuentra actualmente en la comisión judicial.
El senador John Cornyn ( R-Texas), uno de los copatrocinadores originales del proyecto de ley, dijo a Voice of America a principios de este mes que los legisladores estaban a punto de completar el trabajo sobre esta legislación, que mejora la transparencia de los informes de los grupos de presión.
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