Los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado presentaron un proyecto de ley que despoja de toda la financiación federal a los colegios y universidades si estos realizan abortos o proporcionan medicamentos abortivos a los estudiantes y al personal del campus.
El senador Steve Daines (R-Mon.), que fundó y preside el Caucus Pro-Vida del Senado, anunció el miércoles la Ley de Protección de la Vida en los Campus Universitarios de 2021, en una conferencia de prensa fuera del edificio del Capitolio de Estados Unidos. La versión del proyecto de ley en la Cámara fue presentada por los representantes Chip Roy (R-Texas) y Mary Miller (R-Ill.).
El objetivo de la propuesta legislativa (pdf), según su texto, es prohibir toda financiación federal directa o indirecta para cualquier colegio o universidad «que albergue o esté afiliado a cualquier sitio de servicio escolar que proporcione medicamentos para el aborto o abortos a los estudiantes de la institución o a los empleados de la institución o sitio».
El proyecto de ley también exigiría a las instituciones de enseñanza superior que albergan una clínica sanitaria, que envíen un informe anual a los Departamentos de Educación y Sanidad, «certificando que ningún sitio de este tipo proporciona fármacos abortivos o abortos» a los estudiantes y al personal, de lo contrario perderían la posibilidad de recibir fondos federales.
Si se aprueba tal cual, la legislación afectaría a las universidades públicas de estados como California, donde el gobernador Gavin Newsom promulgó en 2019 una ley que exige que los sistemas de la Universidad Estatal de California (CSU) y la Universidad de California (UC) ofrezcan medicamentos abortivos en sus campus. Esas instituciones reciben miles de millones en fondos federales.
Según un informe de la Universidad de California en San Francisco, se estima que entre 322 y 519 estudiantes de la UC y la CSU solicitan un aborto químico cada mes.
Daines criticó la ley de California, argumentando que los abortos químicos son peligrosos y se dirigen a «mujeres jóvenes muy vulnerables».
«No podemos dejar que las clínicas de nuestros campus se conviertan en clínicas de aborto», dijo Daines en la conferencia de prensa del miércoles, añadiendo que «la locura de California» podría convertirse en la corriente principal de Estados Unidos si no se la cuestiona.
A Daines se le unió Chip Roy, quien calificó la legislación como «el siguiente paso lógico en nuestra búsqueda para proteger la vida».
«No deberíamos ser un país en el que tomamos a las mujeres en su momento más vulnerable, cuando son jóvenes, cuando ellas se van a la universidad, siendo el caso del que estamos hablando y esencialmente permitimos que se haga un aborto inducido químicamente, un aborto hecho por uno mismo», dijo Roy. También señaló que el proyecto de ley es consistente con la Enmienda Hyde que bloquea los fondos federales para pagar los abortos.
A partir de 2017, el 39 por ciento de todos los abortos en Estados Unidos se llevaron a cabo utilizando una combinación de medicamentos abortivos conocidos como Mifepristona, que bloquea una hormona llamada progesterona, necesaria para que el embarazo continúe, y Misoprostol, que provoca contracciones para expulsar al bebé del útero. Según un estudio de 2009, alrededor del siete por ciento de las mujeres que se someten a un aborto químico experimentan complicaciones posteriores que requieren cirugía.
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