Los representantes Chip Roy (R-Texas) y Ted Budd (R-N.C.) presentaron la «Ley de Justicia para las Víctimas de Ciudades sin Ley» (JVLCA) que permite a las personas víctimas de crímenes violentos en una llamada «zona autónoma» demandar a las autoridades estatales y locales por daños compensatorios.
La propuesta se refiere a áreas como la «Zona Autónoma de Capitol Hill» de Seattle en la que los manifestantes liderados por Antifa se apoderaron de un área de seis cuadras del centro de la ciudad el mes pasado luego que la policía abandonó una estación local. Las autoridades retomaron el área por la fuerza el 1 de julio.
“Durante sus 24 días de historia, la zona autónoma vio dos homicidios con armas de fuego y cuatro víctimas de disparos adicionales. Todas las víctimas identificadas eran hombres negros, precisamente el grupo demográfico por el que CHAZ había afirmado ofrecer protección», según City Journal (CJ).
“En ausencia de una fuerza policial legítima, bandas criminales armadas y paramilitares anarquistas sin entrenamiento llenaron el vacío. Casi todas las noches, los disparos sonaron por las calles. La primera víctima de homicidio fue asesinada en un estallido de violencia de pandillas; el segundo, supuestamente desarmado y viajando en un automóvil robado, fue abatido a tiros por la ‘fuerza de seguridad CHAZ’, dijo CJ.
“Las zonas autónomas sin ley no tienen lugar en Estados Unidos. Cualquier ciudad o estado que tolere una debería estar legalmente enganchado por cualquier tragedia que ocurra”, dijo Budd en un comunicado anunciando la presentación del proyecto de ley.
«Este proyecto de ley sería un fuerte incentivo para que las jurisdicciones locales rompan las zonas sin ley restantes o impidan que se establezca una en primer lugar», continuó Budd.
“Estados Unidos es una nación de leyes. La primera orden de gobierno es asegurar las bendiciones de la libertad. Cualquier estado o ciudad que tome fondos federales y no haga cumplir las leyes debe perder esos fondos y ser responsable por el daño que han permitido que ocurra, incluyendo aquellos que permiten la creación de ‘zonas autónomas’ sin ley», dijo Roy en el comunicado.
«Hoy, el congresista Budd y yo hemos introducido la legislación para hacer precisamente eso y ayudar a garantizar que las calles de Estados Unidos puedan estar seguras nuevamente», dijo el republicano de Texas.
Su proyecto de ley crea un derecho de acción privado por el cual «cualquier individuo, o un cónyuge, padre o hijo de dicho individuo (si el individuo ha fallecido o está permanentemente incapacitado), que es víctima de un asesinato, violación o cualquier delito grave (como definido por el estado), el cual ocurrió en una jurisdicción sin ley puede presentar una acción por daños compensatorios contra un estado o una subdivisión política de un estado en la corte federal o estatal correspondiente».
La JVLCA también requiere que los estados o jurisdicciones locales que acepten una amplia variedad de asistencia federal deben acordar renunciar a la inmunidad a los litigios bajo el derecho privado de acción.
Las disposiciones de la propuesta también permiten a los dueños de negocios dañados en una zona autónoma buscar daños compensatorios. Hay una prescripción de 10 años para litigios autorizados por el proyecto de ley.
En circunstancias normales, las posibilidades de la JVLCA de convertirse en ley en el 116º Congreso son remotas porque los demócratas controlan la Cámara de Representantes y los líderes demócratas casi con certeza no dejarían que la propuesta avance en el proceso legislativo.
Pero 2020 es un año electoral y se puede esperar que los republicanos de la Cámara centren tanta atención como sea posible en la propuesta para retratar a los demócratas como indiferentes a las víctimas de la reciente ola de disturbios que han azotado a la nación tras el asesinato de George Floyd por un oficial de policía de Minneapolis, el pasado 25 de mayo.
Un experto republicano de la Cámara que pidió no ser identificado le dijo a The Epoch Times que los representantes del Partido Republicano «están buscando forzar los votos sobre estos temas, para aclarar las posiciones de cada lado».
Entre las formas en que podría lograrse en los próximos meses, además de las apariciones en los medios y los discursos en el pleno del Congreso, se está moviendo para programar audiencias sobre la propuesta en el Comité Judicial de la Cámara y circulando una petición de aprobación de la gestión que podría forzar el proyecto de ley en el pleno de la Cámara.
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