El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, convirtió este viernes en ley dos proyectos que fortalecen la fiscalización de las entidades bancarias y financieras internacionales para combatir el blanqueo de capitales.
Con ambas medidas se robustece el esquema regulatorio y fiscalizador, incluyendo la facultad de revisar y hacer investigaciones para el cambio de control, según el comunicado gubernamental.
Las autoridades de Puerto Rico han ido endureciendo su normativa en los últimos años tras ser considerado el territorio como uno de alta incidencia de lavado de dinero por el Gobierno de Estados Unidos.
En este tiempo se ha producido asimismo el cierre de varios bancos internacionales en la isla que fueron investigados por blanqueo de capitales, entre ellos el Banco Internacional de San Juan y Bancrédito International Bank & Trust Corporation.
Las nuevas leyes permiten a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) hacer investigaciones para el cambio de control de las entidades, emitir órdenes de cese y desista y órdenes para mostrar causa.
La OCIF estará facultada para imponer multas, restituciones y sanciones administrativas por violaciones a esta ley y a los Reglamentos de la OCIF.
Además, podrá, en el proceso de cese y desista o de liquidación involuntaria de la entidad financiera internacional, contratar y nombrar un síndico que se encargue del proceso de liquidación involuntaria.
De hecho, la OCIF podrá investigar a todos los accionistas o tenedores, directos o indirectos, de cualquier participación en el capital de estas entidades financieras para satisfacerse de la legalidad de sus fondos.
De igual forma, y al enmendar la Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional, se aumenta el cargo para solicitar y renovar la licencia, entre otras medidas.
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