El Departamento de Justicia de Puerto Rico informó este martes que demandó por más de 30 millones de dólares a más de 30 exfuncionarios convictos por corrupción pública y provocaron pérdidas millonarias a las arcas gubernamentales.
Según explicó en un comunicado el titular de Justicia, Domingo Emanuelli, la agencia presentó 15 demandas ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, fundamentadas en el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, por una cuantía total que supera los 30 millones de dólares.
Entre los demandados figuran los exalcaldes Ángel Pérez Otero, Luis Arroyo Chiqués, Félix Delgado Montalvo, José Luis Cruz Cruz, Abel Nazario Quiñones, Javier García Pérez, Eduardo Cintrón Suárez y Reynaldo Vargas Rodríguez, y los exlegisladores María Milagros Charbonier, Nelson Del Valle Colón y Nestor A. Alonso Vega.
La demanda, llena de exfuncionarios del gobernante Partido Nuevo Progresista y su principal opositor, Partido Popular Democrático, incluye las corporaciones J. R. Asphalt, Inc. y Waste Collection Corp., vinculadas en estos actos de corrupción pública.
«Vamos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño y a reclamarles una cuantía que suma tres veces el daño causado por parte de quienes se han apropiado ilegalmente de los fondos públicos», sostuvo Emanuelli en la nota.
De acuerdo con el funcionario, el Código Anticorrupción «nos permite reclamar, mediante demandas civiles en la jurisdicción estatal, el dinero público malversado o apropiado ilegalmente, ya sea por parte de funcionarios o personas del sector privado que le han fallado a Puerto Rico».
«La indemnización monetaria es equivalente al triple del daño económico ocasionado al Gobierno de Puerto Rico mediante actos de corrupción», resaltó.
Emanuelli reconoció que «con esta acción enviamos un mensaje claro y contundente de que la corrupción tiene consecuencias severas en Puerto Rico», por lo que también espera que «sea un disuasivo el tener que devolver con creces lo que le han robado al pueblo que depositó su confianza en muchos de ellos».
«Cuando lo comiencen a sentir en sus propios bolsillos y tengan que pagar con su patrimonio, lo pensarán mil veces antes de tocar el dinero que les pertenece a los ciudadanos, a quienes les fallaron», destacó.
«La corrupción es un mal que afecta al mundo entero y tiene efectos adversos en los servicios que deben recibir los ciudadanos, especialmente las poblaciones más vulnerables. Tenemos que combatirlo en todos los niveles con unidad de esfuerzos», puntualizó.
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